El dictamen pericial es uno de los medios de prueba que pueden ser utilizados por las partes en una causa judicial para intentar convencer al Juez o Tribunal de lo afirmado y que pueden ser ordenadas por el propio órgano jurisdiccional para facilitar su decisión.

Para poder llegar a determinadas conclusiones es necesario tener conocimientos especializados en diferentes disciplinas científicas, técnicas, artísticas o prácticas ya que en nuestro sistema judicial, el juzgador es un jurista, no un técnico o un científico, por lo que sólo está obligado a poseer y emplear conocimientos jurídicos.

Por ello la necesidad del dictamen pericial que proporciona esos datos o información científica, tecnológica o artística, -no la jurídica-que servirán de ayuda para la resolución de la controversia planteada. El perito es el experto en esas materias que proporciona al juez los anteojos necesarios para la comprensión de los hechos.

Esa finalidad es lo que distingue este medio de prueba de los demás, orientados básicamente a que el juez pueda conocer qué hechos acerca del caso ocurrieron en el pasado

A su vez, decidir en cada caso la necesidad de una prueba pericial dependerá de si la parte en cuestión lo considera conveniente para el convencimiento del juez, o de si el propio juzgador la acepta por considerarlo oportuno.

En efecto, un perito médico que actúa en un proceso penal por delito determinará si el acusado, en el momento de cometer los hechos por los que se le juzga, era “consciente” de lo que hacía y podía “actuar conforme a esa comprensión” para aplicar la eximente o atenuante procedente y prevista en el Código Penal

En definitiva, los peritos aplican sus conocimientos técnicos para realizar determinadas aseveraciones sobre el caso concreto que están peritando y también los proporcionan indirectamente al juzgador.

Si las partes acusadoras están conformes con el Auto de Conclusión del Sumario, pueden presentarse dos peticiones contrapuestas: la apertura del juicio oral o el sobreseimiento libre o provisional del proceso, es decir la continuación de la causa o su paralización. Las partes acusadoras solicitan el sobreseimiento de la causa cuando consideran que el procedimiento no debe seguir adelante.

El sobreseimiento puede ser de distintos clases: total o parcial, libre o provisional. El sobreseimiento total afecta al único procesado o a todos los encausados, mientras que el parcial sólo beneficia a una parte de los procesados.

El sobreseimiento libre se puede constituir en varios supuestos: cuando no existen los necesarios indicios racionales de perpetración del hecho delictivo, cuando el hecho no sea constitutivo de delito o cuando los procesados como autores, cómplices o encubridores aparezcan exentos de responsabilidad criminal

De otro lado, el sobreseimiento provisional se produce cuando no existen pruebas racionales para iniciar un procedimiento penal. El sobreseimiento provisional también se puede llevar a cabo cuando se ha probado la comisión de un delito pero no existen motivos suficientes para acusar a una persona como autora del mismo. Es decir, existe el hecho delictivo pero se desconoce a su autor. El sobreseimiento libre equivale a una sentencia absolutoria antes del juicio oral determinando la terminación definitiva de la causa. En caso de sobreseimiento provisional, el proceso queda en suspenso hasta aportar nuevas pruebas.

Las normas reguladoras de la responsabilidad penal de los menores pertenecen a la rama penal al observar situaciones en las que se imponen consecuencias jurídicas a los autores de una infracción penal. La intervención del poder coercitivo del Estado surge única y exclusivamente por una razón: la comisión de una infracción penal (ya sean delitos o faltas), por los jóvenes, debe encaminarse a la reacción jurídica para prevenir la comisión de futuros delitos.

En tal dirección, la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se constituye como Ley penal, ya que:

• Regula la responsabilidad penal del menor por la autoría de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales (art. 1.1).

• Se debe determinar la responsabilidad o culpabilidad del menor (en caso de no ser inimputable) ya que el Juez en la elección de la medida educativa deberá atender, a las pruebas y la valoración jurídica de los hechos (art. 7.3). Esto implica constatar la autoría del menor, si el hecho cometido consiste en una falta, un delito menos grave o un delito grave, y si es doloso o imprudente, ya que, atendiendo a la calificación delictiva quedarán excluidas por imperativo legal, algunas medidas.

• Los menores serán responsables, siempre que no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal prevista en el actual Código Penal (art. 5.1). A los menores, al igual que a los adultos, les son aplicables las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal reguladas en el art. 20 CP.

• Por último, la Disposición Final Primera establece la obligatoria supletoriedad del Código Penal, en el derecho sustantivo, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el ámbito del proceso.

La falta de pago de la multa da lugar a la responsabilidad personal subsidiaria, así pues:

Si el condenado no satisface voluntariamente o por vía de apremio, la multa interpuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, en caso de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente en virtud del art 53.1.1. del Código Penal. En ese caso no se aplicará la limitación establecida por el art 37.1 CP.

También podrá el Juez o Tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad (Art. 53.1.2). En tal caso cada uno de los días de privación de libertad equivaldría a una jornada de trabajo de ocho horas como máximo.

En los casos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán discrecionalmente la responsabilidad personal subsidiaria procedente, que no podrá exceder nunca de un año de duración. También podrá acordarse, previa conformidad del condenado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Dicha responsabilidad personal subsidiaria no se impondrá a condenados a penas privativas de libertad superiores a cinco años.

El cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación del pago de la multa aunque luego el penado tuviera mejor fortuna. Para aplicar la responsabilidad personal subsidiaria será necesario agotar todas las vías de cobro con distintos requerimientos por el Órgano Judicial, así como proceder a la investigación de patrimonio del penado, mediante los medios telemáticos de la Administración de justicia, dictando, en su caso, un auto de insolvencia del condenado y la transformación de la pena de multa en privativa de libertad o localización permanente.

El Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2005 declaró que la responsabilidad personal subsidiaria de la pena de multa debe de sumarse a la pena privativa de libertad a los efectos del límite del art 53.3 del Código Penal.

Si no paga, no incurrirá en delito de quebrantamiento de condena, según doctrina mayoritaria, porque el impago ya lleva aparejado el mecanismo del apremio y la responsabilidad personal subsidiaria.