La Fiscalía solicita cinco años de prisión para una enfermera por falsificar recetas médicas del centro de salud en el que trabajaba cuyo importe ascendió a 114,30 euros. A la acusada le solicitan dicha pena por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con una falta de estafa, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según las conclusiones provisionales del fiscal, la acusada era enfermera trabajadora del centro de salud Guzmán el Bueno, dependiente de la Dirección Asistencial Centro de Madrid.

La Fiscalía añade que tenía conocimiento que los médicos del centro dejaban firmadas en blanco recetas a fin de que en caso necesario las enfermeras de servicio hicieran uso de ellas cumplimentando los datos relativos a los pacientes crónicos y a la medicación prescrita a estos enfermos.

Agrega que aprovechando su condición de enfermera, usurpó mas de 60 recetas firmadas previamente por los doctores y en el apartado correspondiente a la prescripción escribió el nombre de medicamentos psicotrópicos y en el del paciente consignó su nombre y datos personales, logrando así su correspondiente expedición en las farmacias.

Las denuncias de la exsecretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Vila Joiosa no han caído en saco roto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supo del acoso que presuntamente sufría de la titular del órgano judicial. Por ello, el máximo organismo de control de los jueces ha acordado la apertura de un expediente disciplinario por la posibilidad de que la magistrada haya incurrido en una falta grave por abuso de autoridad, una falta leve por desatención de funciones o, incluso, en una falta muy grave por ignorancia inexcusable del cumplimiento de los deberes judiciales.

El procedimiento para determinar si han de imponerle sanciones a la titular del juzgado, se prolongará durante seis meses desde la incoación del expediente, fechado el 11 de noviembre del año pasado. Los castigos que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) van desde una mera advertencia hasta la separación del servicio, pasando por la imposición de multas de hasta 6.000 euros, traslados forzosos o la suspensión de varios años.

Pese a todo, en el tiempo que dure la investigación por parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ no se aplicarán medidas cautelares, por lo que todo seguirá igual en el juzgado que también actúa en funciones de Violencia sobre la Mujer hasta el momento de, si se estimase oportuno, aplicar una sanción.

En mayo del pasado 2014, la secretaria judicial, que se encontraba como interina, Magdalena Such remitió un extenso escrito al secretario coordinador del partido judicial invocando los motivos por los que había decidido entonces renunciar a su puesto. «Mi actual situación laboral es insostenible. El acoso que estoy sufriendo por parte de la jueza titular está afectando a mi salud, el estado de ansiedad que me llevó a causar baja clínica ha empeorado con mi reincorporación a mi puesto de trabajo», rezaba la carta.

El irrespirable clima que se generó en el juzgado desde que su titular trató de imponer un constante «control», como escribió la exsecretaria, la llevó hasta el límite de tener que permanecer un mes de baja. Según las palabras de la perjudicada, se vio sometida a un constante «trato degradante».

Sin embargo, Such no cejó en su empeño e interpuso las pertinentes quejas ante de la Inspección Provincial de Trabajo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) e, incluso, el Consejo General del Poder Judicial. El motivo no era otro que la incesante marea de denuncias y acusaciones recibidas por parte de la juez desde el verano de 2013.

La acusaba de pertenecer a un partido político de Benidorm y a la vez formar parte de la Junta Electoral Provincial y de ejercer de letrada a la vez que secretaria, unas diligencias que quedaron archivadas, del mimo modo que la acusación por falsedad en documento público. Pese a no prosperar ninguna de las quejas de la juez y aún después de dejar su puesto como interina en el juzgado, la jueza todavía le dedicó una nueva denuncia en julio del año pasado.

Pero quien se encuentra en el ojo del huracán es el órgano encargado de vigilar la actitud de los miembros de la carrera dentro del CGPJ es la juez. De hecho, hace escasos ocho días, el Promotor de la Acción Disciplinaria, órgano representante de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, se desplazó hasta la Audiencia Provincial de Alicante para interrogar como testigos a cuantos funcionarios conociesen de la difícil situación que se ha generado en el Primera Instancia e Instrucción 1 de La Vila.

El magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, fue elegido a comienzos del 2014 como el Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial. En su persona se encuentra la capacidad para instruir los expedientes disciplinarios a los miembros de la carrera, como sucede en este caso.

Según las fuentes judiciales consultadas sobre el desplazamiento de la alta instancia de la Comisión Disciplinaria, la presencia del magistrado salmantino fue destacada por la ciudad de Alicante. La sede de la Audiencia Provincial fue el escenario elegido para continuar sobre el terreno la investigación por la denuncia de la que fuese secretaria del juzgado vilero. Allí, el expresidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ Valladolid interrogó a una veintena de personas a fin de esclarecer lo ocurrido con la juez acusada de acosar a la secretaria judicial que tuvo que renunciar a su labor.