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22 Feb 2016
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LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS: CARENCIAS EN LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS Y NECESIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Resumen
Cada vez es más elevado el número de presos mayores en los centros penitenciarios, viéndose cuadriplicado en los últimos años. Las condiciones penitenciarias favorecen un exacerbado envejecimiento, tanto físico como cognitivo, que conllevará la aparición de un gran número de demandas provocadas por las limitaciones físicas y las situaciones de dependencia y/o discapacidad. Por lo que, las personas mayores, vinculadas a las citadas condiciones, se convertirán en un colectivo de vulnerabilidad, que tenderá a permanecer pasivo o incapaz de aprovechar los recursos genéricos ofrecidos en los centros. Para combatir esta situación, se analizará el perfil de esta tipología de reclusos, de sus características sociosanitarias y de sus principales limitaciones, además, de revisar y sintetizar la principal legislación se les vinculará. La finalidad de este documento es reivindicar la necesidad de programas educativos transformadores y de recursos específicos para reinvertir su condición de vulnerabilidad.

Lydia Sánchez Prieto. (Lydia.sanchez@uib.es) es profesora del departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la Universidad de las Islas Baleares.
Ladislao Bernaldo de Quirós y Lomas es Director y coordinador de la firma Bernaldo-Lomas Abogados.

La primera tarea radica en definir qué es el envejecimiento en el ámbito penitenciario. Al respecto, se debe reseñar que la comparativa con el país en el que más se estudiado la problemática del anciano preso -Estados Unidos- depara importantes contrastes. En Estados Unidos la doctrina ha recomendado que el límite de edad para considerar a persona «mayor», a estos efectos, estaría situado alrededor de los 50 años. La relevancia que puede tener el historial de abusos de sustancias tóxicas para la integridad psico- física en época incluso temprana de la vida y el propio stress que produce la estancia en prisión, permiten concluir que la diferencia entre ambas edades puede encontrarse en 7- 10 ó 11,7 años, en detrimento de los internos. Por nuestra parte, hemos preferido elevar el umbral, en esta revisión jurídica, hasta señalar la edad de 60 años, para poder dar mayor visibilidad mediante los datos estadísticos.

El presente artículo se inicia mediante la mención de algunos principios jurídicos importantes relacionados con las personas mayores en los centros penitenciarios para proceder a una mayor comprensión de su situación actual en España.
Los primeros centros especiales no fueron en modo alguno los asilos/geriátricos penitenciarios. Por influencia del pensamiento ilustrado, la primera clasificación penitenciaria -en lo que aquí interesa- se centró en la separación de reclusos sanos y enfermos. Más en concreto, en reclusos sanos y enfermos mentales. Bien entendido que la clasificación interior en los establecimientos carcelarios siempre tuvo por norte la separación -más teórica que real- entre adultos y jóvenes.
Con la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, desaparece el Instituto Geriátrico, ya que su art. 11 sólo contempla como establecimientos especiales: los centros hospitalarios, los centros psiquiátricos y los centros de rehabilitación social. La norma reglamentaria que desarrolla esta Ley, el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, que aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario, expresamente deroga el Título 1º del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 y, con ello se suprime toda referencia al Instituto Geriátrico Penitenciario.

1.1. La prisión atenuada

En la versión anterior del art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (vigente del 16 de mayo de 1980 al 27 de octubre de 2003) se disponía que: «Los Jueces podrán acordar la prisión atenuada cuando por razón de enfermedad del inculpado el internamiento entrañe grave peligro para su salud». Tras la reforma de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, no se hace referencia a esta medida se alberga en este precepto. En la actualidad, no obstante, similar medida es la contenida en el art. 508.1 LECrim (en redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), que textualmente dispone:
«1. El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia precisa».
Esta medida, sin duda más benévola que la prisión, tiene los mismos efectos jurídicos que ésta. Según la STS 2ª, 20.7.1992, EDJ 1992/ 8189: «debe computarse como una prisión preventiva, por ser solución justa y no perjudicial para el reo». Indudablemente ésta es una opción que posee el órgano jurisdiccional para aplicar en determinados casos en los que la elevada edad viene acompañada de un precario estado de salud.

1.2. Libertad condicional por razón de la edad

La legislación de referencia está contenida en los arts. 90 y 92 del Código Penal vigente (debiendo tenerse en cuenta las modificaciones introducidas por las Leyes Orgánicas 7/2003, de 30 de junio y 15/2003, de 25 de noviembre) y en el art. 196 del Reglamento Penitenciario de 1996 (en relación con el art. 195 del mismo cuerpo normativo). Nuestros órganos jurisdiccionales consideran que el factor edad determina -que no excepciona- el régimen general de la libertad condicional, se conjuga con las circunstancias personales y penitenciarias del recluso y es un dato a considerar, aunque no es determinante.

1.3. Problemática jurídico-asistencial de ancianos en prisión

La Constitución Española, en su art. 50, la cual articula gran parte de la normativa, dispone en relación con las personas de la tercera edad que:

«Los poderes públicos… con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Trasladar este mandato constitucional al ámbito penitenciario significa lógicamente que la Administración Penitenciaria, por sí o en coordinación con otras Administraciones, facilite los medios necesarios para conseguir tal bienestar”.
Es poco frecuente la aplicación de sanciones en reclusos personas mayores, pero si se dieran, naturalmente debe de procederse a una revisión diaria por parte del facultativo, en el caso de las sanciones de aislamiento (254.1 RP 1996). Con independencia de lo anterior el médico deberá girar las visitas que por propia iniciativa o por orden del Centro Directivo o del Director del Establecimiento sean convenientes (288.5ª, 10ª y 11ª RP 1981).
Respecto al uso de medios coercitivos, hasta hace bien poco existía un capítulo no suficientemente definido en nuestro ordenamiento penitenciario, el tipo de medios coercitivos para emplear en caso de ser necesaria la contención. Nuestro Reglamento Penitenciario sólo contempla el uso de esposas, medio claramente poco adecuado para determinados reclusos; en lo que aquí interesa, reclusos mayores. Se venía abogando por el empleo de un medio menos – eventualmente dañino-, las correas de sujeción, en consonancia con la práctica clínica -ya no sólo en pacientes mentales sino incluso en otras áreas de la medicina-.
Respecto a la incapacitación de los mayores, la Administración Penitenciaria puede tener conocimiento de que en alguno de sus establecimientos existen personas presumiblemente incapacitados. El concepto de incapacidad es relativamente amplio. La Rec Nº R (99) 4 del Consejo de Europa en su apartado I.2 señala que bajo dicho término pueden albergarse tanto una discapacidad mental, como una enfermedad o un motivo similar. Su obligación, en tal caso, es participársele al Ministerio Fiscal a los efectos antedichos, ya que aunque en general «cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación», lo cierto es que «las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal» (art. 757.3 LEC).

En consecuencia, una vez que en el medio penitenciario se tenga noticia –generalmente a través de los servicios de tratamiento o médicos- de una posible incapacidad, el Director del establecimiento, que «es el obligado, en primer término, a cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones en general» (art. 280.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario), deberá participar tal circunstancia al Ministerio Público, bien a la Fiscalía de Incapacidades -si se conoce su existencia- bien al Fiscal Jefe de la correspondiente Audiencia Provincial – en otro caso-, el cual procederá en consecuencia asignando el caso al Fiscal correspondiente.
En el caso de que se identifique una enfermedad mental degenerativa o demencias, lo procedente es informar al recluso -antes de que devenga incapaz- de la posibilidad prevista en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, de que personalmente nombre su futuro tutor en virtud del art. 223 del Código Civil.
En algunos casos de demencia o enfermedad mental degenerativa se puede iniciar el expediente de libertad condicional por razón de edad y se estimara que las condiciones del todavía recluso hacen aconsejable el ingreso en dicho tipo de institución asistencial.
En consecuencia, lo procedente sería que cuando en un establecimiento penitenciario se detectara la presencia de un recluso anciano con importante deterioro cognitivo o que precisara de específicos cuidados geriátricos, se procediera -siempre que se cumplan el resto de requisitos a tal efecto- a solicitar la libertad condicional por razón de edad y/o enfermedad y simultáneamente se solicitara autorización judicial para el ingreso en el establecimiento con el que se haya contactado -o con el que los familiares hayan contactado-, todo ello en virtud del art. 763 del Código Civil.
Como se abordará más adelante, uno de las circunstancias que puede comportar un mayor desgaste emocional para el recluso mayor deriva del hecho de que, frecuentemente, se encuentran privados de las visitas de sus nietos menores de edad. Indicar a este respecto que la legislación y jurisprudencia españolas reconocen el derecho a la vinculación familiar abuelos-nietos y no hay razón alguna que impida que tal derecho no sea reconocido a un abuelo por tener la condición de recluso.

Indica la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2002 (EDJ 2002/37177) establece que la prueba de la existencia de una justa causa para impedir la comunicación entre abuelos y nietos corresponde a los titulares de la patria potestad (tutores en su caso). Y esta causa para que sea justa ha de estar no sólo acreditada sino tener además una cierta entidad. Por eso la STS 1ª, 11.6.1996 (EDJ 1996/3555) expresa que «ninguna justa causa impide las relaciones personales entre el menor y sus abuelos”.
El Tribunal Supremo ha reconocido claramente que «los abuelos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular» (STS 1ª, 28.6.2004, EDJ 2004/82453) y es patente «el carácter siempre enriquecedor de las relaciones abuelos y nietas» (STS 1ª, 20.9.2002, EDJ 2002/37177).

2. Perfil de las personas mayores en los centros penitenciarios

Antes de empezar, se deberá hacer referencia a los datos estadísticos más sobresalientes para poder comprender mejor la naturaleza de los reclusos mayores. Actualmente, se registran 912 presos de 60 años, o más, en nuestro país, de los que, hasta un 90% son hombres, predominando una importante masculinización (Tabla 1). Pero además, y como se recoge en la tabla 2, este sector de la población se convierte en el grupo de reclusos de mayor crecimiento en los últimos 20 años en los centros penitenciarios. La población reclusa mayor de 50 años de Estados Unidos, se ha visto incrementada del 12% en 1994 al 17% en 2011, alcanzando un total de 30.000 prisioneros (Kim y Peterson, 2014). En España, se pasa de 108 reclusos en 1990 (0,9% de la población reclusa) a 358 en 2000 (representando el 1,23%) y a 1500 en 2011 (3,06% de personas mayores).
Tabla 1- Número de presos de 60 o más años en España

SEXO 60 o más años %
Hombres 821 90,02
Mujeres 91 9,98
Total 912 100

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2015).

Tabla 2- Evolución de los penados por grupos de edad.

AÑOS 16-20 21-25 26-30 31-40 41-60 60 o + Total
1990 998 4358 2991 2.172 993 108 11916
1995 932 4880 5700 4151 1662 166 17557
2000 699 6751 8704 8841 3470 358 29056
2005 532 4994 8641 10981 4460 373 30148
2010 512 5229 8642 15031 9512 813 39770
2011 491 6095 9747 16704 14414 1500 48951
2012 434 4795 7640 16497 16979 1481 47886

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2015).

La tipología de los delitos cometidos también favorece la elaboración del perfil de los reclusos. Los delitos contra la salud pública predominan, siendo los más ejecutados por la población mayor de 60 años, con un 35,85% de los casos en 2014, y con un 37,84 en 2015 (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015)2. Ineludible será hacer mención a los homicidios (un 15,82% de los penados cumplen condena por homicidios); elevada cifra que, como se anunciaba anteriormente, en numerosos situaciones se asocia a violencia de género.
Seguidamente, se identifica que un 13,4% actos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y en un 13,85% contra la libertad sexual (SGIP, 2015). Es de interés como se producen variaciones en la tipología de delitos entre los mayores de 60 años y los mayores de 70 años, prevaleciendo en el primer grupos los actos contra la salud pública (un 33,28% de los delitos cometidos en el grupo de mayores de 60 años), mientras que en el segundo serían los homicidios (32,15%) según cifras de 2014 (SGIP, 2014)
Tabla 3 – Tipología delictiva de la población reclusa masculina mayor de 60 años en España

Tipología delictiva (Hombres de 60 o más años) Porcentaje
Homicidio y sus formas 15,82
Lesiones 3,86
Contra la libertad 1,34
Contra la libertad sexual 13,85
Contra el honor 0
Contra las relaciones familiares 0,11

2 Los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html

Contra el patrimonio y orden socioeconómico 13,4
Contra la salud pública 37,84
Contra la seguridad del tráfico 0
Falsedades 2,45
Contra la administración de justicia 2,11
Contra la administración pública 0,42
Contra el orden público 1,12
Resto de delitos 6,26
Faltas 1,83

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2015).

El género no aportará importantes diferencias en cuanto a la tipología delictiva. De hecho, despuntarán los delitos contra la salud pública como lo más recurrentes; un 9,46% de los casos en España, seguidos de homicidio y de actos contra el patrimonio y el orden económico. Los datos establecen porcentajes del 3,27% al referirse a homicidios y a 3,06% contra el patrimonio. En cambio, se abandona la similitud en porcentajes al referir los delitos contra la libertad sexual, al no hallarse entre los principales en el caso de las mujeres.
Tabla 4 – Tipología delictiva de la población reclusa femenina mayor de 60 años en España

Tipología delictiva (Mujeres de 60 o más años) Porcentaje
Homicidio y sus formas 3,27
Lesiones 0,76
Contra la libertad 0,47
Contra la libertad sexual 0,46
Contra el honor 0
Contra las relaciones familiares 0,01
Contra el patrimonio y orden socioeconómico 3,06
Contra la salud pública 9,46
Contra la seguridad del tráfico 0
Falsedades 0,34
Contra la administración de justicia 0,81
Contra la administración pública 0,11
Contra el orden público 0,02
Resto de delitos 3,21
Faltas 0,13

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2015)

En el caso de los reclusos mayores, se produce una característica que predomina y que debe ser resaltada, al tratarse de un rasgo que determinará su adaptación y diferentes factores de riesgo. Se trata de que tienden a adquirir un modelo pasivo de conducta, es generales. Este colectivo, que aunque heterogéneo, pasará inadvertido, en la mayoría de los casos; no se suelen asociar a conflictos, ni a peleas. Por lo que, este colectivo se vinculará a modelos de convivencia pasivos (Maschi et al., 2014). Curiosamente, otra característica definitoria, que aunque pueda parecer contradictoria, no lo sería, es el hecho de que inician la búsqueda de establecimiento de relaciones interpersonales. Es decir, tienden a seleccionar algunas actividades, como jugar a las cartas o tertulias con otros presos, como el entretenimiento más predominante en su día a día. Probablemente, este hecho se debería a un aspecto muy relevante; son personas que cumplen largas condenas o que son muy mayores, por lo que, sus contactos principales han ido desapareciendo o disminuyendo a lo largo de los años. A medida que pasan los años la red social se va debilitando, obviamente no siempre, pero si en la mayoría de los casos, de manera que algunos, fallecen, otros disminuyen la frecuencia de visitas y otros simplemente desaparecen y dejan de visitar a los reclusos mayores.

El problema es que, a medida que se va deteriorando la red social, también aparecen sentimientos negativos, como la soledad, la tristeza o/y la añoranza. Este aspecto actuará como un factor de riesgo, que deja desprovistos a reos de afecto y de motivación para salir de las prisiones. Porque además, también presentan dificultades a la hora de socializar con colectivos más jóvenes. Por lo que, se aborda el tema de la soledad, porque tal y como señalan Maschi et al. (2014), la es un aspecto relevante y grave a abordar, y que debe constituir objeto de estudio.
Y es que, la desesperanza, los pensamientos negativos sobre su futuro, sobre ellos mismos, sobre la situación que experimentan, suele acompañarse de otros desencadenantes, como puede ser la aparición de ideación suicida, e incluso, del suicidio (Handtke y W