La Sala Segunda del Tribunal Constitucional rechaza la validez de la prueba de cargo obtenida mediante la intervención de las comunicaciones verbales directas entre los detenidos en dependencias policiales, es decir, que puedan grabarse las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos, porque este tipo de intervenciones no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni tampoco en la Ley General Penitenciaria.

Así se pronuncia en una sentencia del tribunal constitucional en la que se estima el recurso de amparo de un condenado por delito de asesinato, quien tras ser detenido fue objeto de grabaciones en dependencias policiales.

Dicha intervención se justificó al amparo del art. 579.2 LECrim y de la normativa penitenciaria, sin embargo, el Tribunal de garantías declaró la nulidad de esas escuchas como prueba de cargo, por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

El Constitucional advierte de que «abierta e inequívocamente no se regula una concreta intervención secreta de las comunicaciones directas en dependencias policiales entre detenidos», sino que «se refiere de manera indubitada a intervenciones telefónicas, no a escuchas de otra naturaleza, ni particularmente a las que se desarrollan en calabozos, demás dependencias policiales y entre personas sujetas a los poderes coercitivos del estatales por su detención, como las que aquí resultan discutidas; ámbito que por su particularidad debe venir reforzado con las más plenas garantías y con la debida autonomía y singularidad normativa».

El Gobierno afirma que en lo que va a de año 2014 sólo ha concedido el 1,90% de las peticiones de indulto recibidas, un porcentaje algo menor a la media del 2,76% registrada el año pasado.

El Consejo de Ministros «tiene en cuenta la postura manifestada respecto al indulto tanto el Tribunal sentenciador como el Ministerio Fiscal». En la presente legislatura, los indultos concedidos contaban, en más de un 90% de los casos, con el parecer favorable del Tribunal y/o del Ministerio Público.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha unificado doctrina respecto de la toma de muestras de ADN en sede policial.

Según el Tribunal Supremo los magistrados han acordado que la toma biológica de muestras de ADN con el consentimiento del detenido o imputado necesita la asistencia de letrado, o en su defecto, autorización judicial.

Sin embargo, se considerará ajustado a derecho el contraste de aquellas muestras obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos obrantes en las bases de datos policiales, proveniente de una causa distinta, aunque no conste la asistencia de abogado, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de estos hechos durante la fase de instrucción de la causa.

El Ministro de Justicia ha acogido una reunión del grupo de trabajo compuesto el pasado mes de junio por Red.es para elaborar las bases legislativas que regulen la protección del menor en internet. El equipo de expertos focalizará sus esfuerzos en el desarrollo de un marco normativo que observe aspectos como el derecho de acceso a las redes sociales y los peligros a los que se enfrentan los menores en este ámbito.

En el próximo semestre, el grupo de trabajo abordará los principales riesgos a los que se enfrentan los menores en internet como el ciberacoso, sexting, grooming o la suplantación de identidad. Los trabajos no se limitarán al ámbito delictivo sino que también se buscarán medidas para regular el acceso del menor a contenidos inadecuados o a comunidades peligrosas.

El Ministerio Fiscal elaboró en 2013 un total de casi 300.000 escritos de calificación provisional, asistió a 171.455 juicios por delito, y cerró conformidades con la defensa en el 34 por ciento de los mismos. Las resoluciones fueron compatibles con el criterio del fiscal casi un 60 por ciento cuando las dictaron Juzgados de lo Penal y en mas de la mitad cuando lo hicieron Audiencias Provinciales.

Así lo destaca la Fiscalía General del Estado en la Apertura del Año Judicial, donde se ha subrayado el descenso del número de procesos incoados por delitos contra la vida, que se han visto reducidos en un 10 por ciento en el caso de homicidios y asesinatos y en un 13 en lo referido a hechos imprudentes.