Manuel Fernández Castiñeiras, autor confeso del hurto del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago de Compostela, se encuentra hospitalizado desde este jueves y su estado obliga a suspender la vista oral prevista contra él a partir de este jueves en los juzgados de lo penal de Santiago por haber, presuntamente, robado la correspondencia privada de sus vecinos durante años.

El ex electricista de la Catedral tenía que presentarse a las 9.30 horas, pero en el Juzgado se recibió una notificación de ingreso en Urgencias en un centro hospitalario a primera hora de la mañana. Posteriormente, se pudo saber que está previsto que en las próximas horas recibirá el alta médica aunque la jueza optó por suspender el juicio.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que se celebrará de nuevo el juicio, pero ésta deberá tener en cuenta la nueva cita judicial de Fernández Castiñeiras, ya que a partir del próximo día 19 de enero está previsto en otro juzgado compostelano el juicio por el robo del Códice Calixtino.

En el juicio finalmente suspendido este jueves está acusado de 162 delitos contra la intimidad por presuntamente haber robado todo tipo de correo postal a sus vecinos de Ames, localidad en la que residía y en la que en el año 2012 fue localizado el Códice. El fiscal pide que sea condenado a 18 meses de prisión por cada uno de los delitos, esto es, le solicita una pena de 243 años de prisión.

El fiscal también le pide una multa de 15 meses con una cuota diaria de 30 euros y una indemnización por los daños morales de 1.000 euros para 19 de las presuntas víctimas, a las que robó todo tipo de documentación, incluso pruebas médicas que podría suponer una multa de dos millones de euros.

Fuentes judiciales han matizado que a pesar de que el acusado se enfrenta a 243 años de cárcel, en caso de que la jueza le imponga la condena que pide el fiscal no cumpliría más de cuatro años y medio ya que el Código Penal recoge que la pena máxima a cumplir en estos casos será el triple de la pena mayor, esto es, el triple de 18 meses.

Los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación abren una investigación para identificar a los creadores de un juego de contenido homófobo, en el que se mata a homosexuales.
El jugador debe eliminar a hombres desnudos que intentan agredirle sexualmente para pasar de nivel. Según ha informado este miércoles la policía catalana, una de las líneas de de investigación consiste en tratar de determinar si los autores de este juego se relacionan con la difusión de otros juegos de contenido supuestamente delictivo, como el que se simula ser la canciller alemana, Angela Merkel, que pisa la cabeza a ciudadanos griegos para mantenerlos bajo el agua. El juego homófobo que ahora se investiga apareció en Internet en 2006, pero cobró notoriedad a partir del pasado 5 de noviembre, cuando fue accesible desde la página de descargas de aplicaciones Google Play.
Esta página de descargas eliminó el juego de su portal el 24 de noviembre, al ser advertidos de su contenido homófobo, si bien ya había sido descargado por multitud de usuarios. El juego sitúa al jugador en el papel de un cazador en plena selva tropical, donde es atacado por hombres desnudos que le quieren agredir sexualmente, ante lo que su única defensa es disparar contra sus atacantes para eliminarlos y pasar a otro nivel, donde es asaltado con mayor intensidad. El Observatorio Contra la Homofòbia (OCH) y el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) pidieron la «retirada inmediata» del juego en Internet, que tildaron de «repugnante e indecente», y el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, lo calificó de «repugnante incitación a la violencia».

La auxiliar y la médico de familia llegan a un acuerdo ante la advertencia de la médico familia de que se querellaría contra Romero si no se retractaba de lo afirmado.

Teresa Romero y la médico de familia que la atendió en un centro de salud de Alcorcón llegan a un acuerdo de conciliación después de que la primera haya reconocido que no informó a la doctora que había estado en contacto con pacientes con ébola.

Romero ha reconocido, en un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia del municipio, que en ningún momento rebasó el umbral de fiebre fijado en 38 grados.

Antes de la reunión, la defensa de la médico de familia advirtió de que su representada se querellaría contra la sanitaria si esta no se retractaba de las declaraciones en las que aseguró que había informado a la facultativa de que había tenido contacto con pacientes contagiados del virus.

A la salida del acto, la auxiliar ha leído el escrito en el que se ha fijado el acuerdo entre las partes -que anteriormente había leído la abogada de la médico-, en el que admite que no superó el umbral de fiebre que obligaba a activar el protocolo contra el ébola y que no había informado a su médico de que había tenido contacto con los pacientes de riesgo.

La auxiliar de enfermería, que no ha realizado más declaraciones, ha leído el comunicado pese a que su marido, Javier Limón, indicó previamente que sería él quien hablaría en nombre de su mujer porque ésta no se encontraba bien.

Romero leyó en la puerta del juzgado el texto porque la abogada ha recalcado a la salida del acto de conciliación que el acuerdo establece expresamente que debía retractarse de forma pública.

Tras la lectura del texto, el marido de la auxiliar ha apostillado que su mujer ha decidido retractarse porque no quiere crear un perjuicio profesional a su médico de toda la vida.

Limón ha añadido que, aunque Romero rectifica sus declaraciones previas sobre lo ocurrido en la consulta del centro de salud, ella creyó haber informado a la médico durante la consulta, aunque entonces sus condiciones de salud no eran buenas.

La letrada de la doctora ha advertido de que, si la auxiliar de enfermería volviera a negar los hechos en adelante, se iniciará de nuevo el proceso judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 29 años de prisión para el miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga  acusado de asesinar en 1986, al agente de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez en Mondragón, junto a otros dos etarras Javier Ugarte Villar y José Luis Erostegui.

En un escrito hecho público este martes, el Ministerio Fiscal acusa a los tres miembros del comando Belotxa de delitos de atentado terrorista. Indica que Bolinaga fue «el autor material» del delito y el encargado de efectuar los disparos que acabaron con la vida del agente.

Bolinaga disparó contra el agente asesinado cuando éste se introducía en el coche junto a su compañera, según el fiscal. El miembro de ETA había esperado oculto en el interior del vehículo hasta que los dos miembros del instituto armado abandonaron un bar en el que cenaron, precisó el juez Ismael Moreno en el auto en el que ordenaba el procesamiento de los tres miembros de ETA.

El juez Moreno ordenó el ingreso en prisión domiciliaria de Bolinaga por esta causa el pasado mes de abril tras tomarle declaración por videoconferencia. Su decisión fue corregida posteriormente por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, al considerarla como «una medida innecesaria y desproporcionada».

El ministro del Interior confirma que se renunciará al proyecto de ley que permite intervenir comunicaciones sin autorización judicial previa si existen dudas de su constitucionalidad.

Fernández Díaz ha confirmado así la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe que afirma la existencia de «serias dudas» de constitucionalidad respecto a las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, algo que se contempla en el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) promovida por el Gobierno.

El titular de Interior afirma que las escuchas telefónicas sin permiso de juez están contempladas en la Carta Magna para delitos de terrorismo y que es algo que se desarrolla en la Lecrim de 1988. A su vez, añadió que la sociedad ha evolucionado desde entonces y que hay que adaptarse a la nueva realidad a la hora de combatir los fenómenos delictivos.

No obstante, el ministro dijo, en referencia a las escuchas telefónicas sin control judicial previo, que su departamento no tiene intención de promover una iniciativa que tenga «la más mínima duda de encaje constitucional». Por este motivo dijo que renunciarán a la propuesta si el CGPJ plantea estos reparos legales.

A su vez, Fernández Díaz, en referencia al yihadismo y a los atentados de París de la semana pasada, declaró que «Occidente debe reaccionar con todas las consecuencias ante una amenaza global».