La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a indemnizar con más de 163.000 euros a los progenitores de los tres menores que mataron a un conductor por arrojarle una piedra desde un puente.

Los padres de tres menores de edad que causaron la muerte de un conductor al lanzar piedras desde un puente sobre la autovía deberán indemnizar a la viuda e hija del fallecido con cantidades que superan los 163.000 euros, según se recoge en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia.

La sentencia, ha confirmado el fallo de un Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Murcia), con la sola excepción de rebajar de 178.000 euros a 142.600 la cantidad a percibir por la viuda.

Señala el tribunal que el fatal desenlace se produjo el tres de julio de 2012, cuando el coche accidentado pasaba por debajo del puente y recibió el impacto de una piedra «de grandes dimensiones» lanzada por los menores, debiendo responder los padres de las consecuencias de los actos protagonizados por aquellos.

Los padres recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial de Murcia, donde uno de ellos expuso, entre otras consideraciones, que era el padre de otro el que debía hacer frente a la situación, al considerar que el único autor material del lanzamiento de piedras había sido su hijo.

Por su parte, los otros demandados aseguraron que el porcentaje de culpa no debía ser el mismo en los tres casos, ya que se debía tener en cuenta que uno de los niños, por su discapacidad psíquica, pudo verse coaccionado por los otros para cometer los hechos.

La Audiencia de Murcia, al desestimar prácticamente en su totalidad los recursos, comenta, en cuanto a esto último, que, precisamente por la discapacidad que padece uno de los chicos sus progenitores estaban más obligados aún a su control, vigilancia y educación.

A lo único que ha accedido el tribunal es a disminuir la indemnización fijada para la viuda del fallecido por el lucro cesante que aseguró había perdido al no poder poner en marcha un negocio que tenía proyectado con su esposo.

Así, pondera la cifra concedida por el Juzgado de Primera Instancia y la rebaja a 142.600 euros «porque no es coherente que el cálculo del lucro cesante se haga teniendo en cuenta los rendimientos proyectados».

El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia por considerar que el magistrado, presidente de la sala de la audiencia provincial que dilucidó el caso, se excedió en su interrogatorio a los acusados y sus testigos.

Se trataba de una causa abierta contra un conductor, con antecedentes penales por conducción temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, involucrado en un nuevo siniestro tras salirse de la calzada con un Ferrari. Para evitar verse inmerso en una nueva causa penal y para que la compañía de seguros afrontara la reparación del automóvil, avisó a un guardia civil conocido suyo, elaborando ambos un parte falso de siniestro en el que designaron como conductor al padre del acusado.

La audiencia provincial les condenó finalmente por los delitos de falsedad y estafa intentada, contra la seguridad vial y encubrimiento. Pero, tras la resolución, la defensa recurrió ante el Supremo alegando vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y reclamando su derecho a un juez imparcial. Aseguraba que “el presidente del tribunal y ponente de la causa se extralimitó en su función de dirigir los debates, llegando a asumir la responsabilidad de interrogar por sí mismo a acusados y testigos, e incluso a reprender al letrado” de la defensa.

El Supremo reconoce que existió una actitud parcial por parte del magistrado que, al formular hasta 78 preguntas a los testigos de la defensa y los acusados, constatando una inclinación hacia la tesis acusatoria.

Alguna de esas preguntas contenían, además, juicios de valor, lo que acreditaría que la sala asumió la versión de la acusación como cierta. Los testigos que sostuvieron la teoría del Ministerio Fiscal no recibieron un trato similar, ni fueron sometidos a un interrogatorio de ese tipo.

Finalmente, el Alto Tribunal anula la sentencia, recordando que el juez debe hacer un uso moderado de la facultad judicial de hacer cuestiones que contempla el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ceñirse a pedir aclaraciones sobre las cuestiones suscitadas por los letrados, centrándose exclusivamente en los hechos que son objeto de debate. No puede, por tanto, formular preguntas de contenido incriminatorio que complementen la actuación de la acusación, según asegura.

Así lo entiende la doctrina del Supremo y también la del Tribunal Constitucional, que estableció que el límite estaba en que las preguntas “no fueran una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta”.

La Audiencia de Palma ratifica la condena por lesiones pero revoca parcialmente la sentencia con una pena de cárcel de un año y ocho meses

La Audiencia de Palma ha revocado parcialmente la sentencia a un hombre, R.G.L, condenado a un año y ocho meses de prisión tras el fallecimiento de un joven con quien se peleó en el aparcamiento de una discoteca de Ibiza, en agosto de 2006. R.G.L no deberá la multa de 77.000 euros a la familia del fallecido, aunque se mantiene la pena de cárcel por un delito de lesiones.

El tribunal provincial ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por R.G.L contra la sentencia de marzo de 2014 en la que fue condenado a prisión por la muerte del británico W. A. H., ocurrida en agosto de 2006 en el hospital de Can Misses de Ibiza, tres días después de que los dos se pelearan en el aparcamiento de una discoteca de Ibiza.

En concreto fue condenado como «autor de un delito de lesiones en concurso ideal con una falta de homicidio por imprudencia leve».

La Audiencia de Palma confirma la condena por lesiones pero revoca parcialmente la sentencia absolviendo al hombre de la falta de homicidio imprudente y anulando la responsabilidad civil por la que fue condenado a pagar 77.000 euros de indemnización a los padres del fallecido.

El tribunal califica de «simplemente absurdo» sostener que la interpretación de los hechos por parte de la jueza fue errónea cuando en el juicio quedó claro que las lesiones sufridas por la víctima «son heridas de puñetazo», no de una caída o un bofetón, y varios testigos vieron al acusado golpearle.

La sentencia de la Audiencia resuelve que «el dolo de lesionar es claro». «No estamos ante un empujón o bofetón leve y una caída posterior accidental sino ante la actuación dolosa de dos o tres puñetazos en la cara».

Sin embargo, el tribunal admite la alegación en lo que se refiere a la falta de homicidio imprudente, de la que absuelve al acusado por «falta de causalidad adecuada».

La Audiencia señala al respecto que para condenar es preciso que exista una imputación objetiva y una relación de causalidad entre la acción y el resultado.

Si bien la jueza consideró que hubo conducta imprudente por parte del acusado porque si no hubiera golpeado al joven, éste no hubiera muerto, la Audiencia puntualiza que el peligro creado por el acusado «no se presenta idóneo para causalmente materializar el resultado de muerte producido».

El tribunal detalla que los golpes produjeron a la víctima una rotura nasal que normalmente produce una hemorragia leve pero «el peligro potencial creado no se corresponde con el resultado final que no era previsible».

La Audiencia de Palma considera que, más allá de la causa natural de la muerte, derivada del traumatismo facial, la hemorragia intermitente no diagnosticada a tiempo y de forma adecuada es «un riesgo futuro de cierta indeterminación en el tiempo».

La Audiencia Provincial de Alicante ha sentenciado el pago a plazos de una indemnización de casi 236.000 euros por parte de dos empresarios que estafaron a otra mercantil a través del intercambio de pagarés con un tercer acusado. Los sospechosos comenzarán a abonar a las víctimas 300 euros al mes cada uno desde este febrero.

Esta medida es resultado del acuerdo al que llegaron acusación particular y defensa durante el juicio, celebrado el pasado 27 de enero. Ese pacto fue validado primero por la Fiscalía y lo ha hecho suyo ahora la sección segunda de la Audiencia.

La sentencia, declara a los hermanos J.O.A. y S.O.A. y a otro empresario, A.F.G., culpables de un delito de estafa. Todos los acusados han confesado y se han conformado con las penas solicitadas por el ministerio público: un año y ocho meses de cárcel para los primeros y un año de prisión para el tercero, así como el pago de sendas multas de 360 euros.

Los hermanos administraban una sociedad constructora, Ediobra Levante SL, que fue subcontratada en febrero de 2004 por otra mercantil, Diacon 21 SL, para edificar un complejo urbanístico en el Camí del Llavador de Dénia. Un año después, los hermanos pidieron a la otra sociedad que les adelantara los pagos a cuenta de

certificaciones de obras futuras tras alegar «falta pasajera de liquidez».

Diacon 21 accedió a esta solicitud, pero con posterioridad desatendió nuevas reclamaciones en el mismo sentido. Los acusados, en connivencia con otro empresario, A.F.G., idearon entonces un plan para engañar a sus contratadores.

Ese plan pasaba por intercambiar con Diacon 21 unos pagarés de la firma de A.F.G., Construcciones Cruzados, con el excusa de que tenían «agotada la línea de descuento bancario», por lo que tenían que esperar a su vencimiento y no podían pagar los salarios de los trabajadores. La empresa contratante aceptó el canje y los dos hermanos pudieron cobrar 235.980 euros.

Sin embargo, Ediobra no destinó el dinero a los trabajadores ni a pagar sus cuotas de la Seguridad Social, como había prometido y tuvo que ser Diacon 21 la que hiciera frente a tales obligaciones y pagar a otras dos empresas subcontratadas cerca de 369.000 euros en total.

Además, el 3 de mayo de 2005, cuando la empresa estafada trató de hacer efectivos los dos primeros pagarés de Construcciones Cruzados, su administrador único, A.F.G. no autorizó el pago, según la sentencia.

Al margen de las penas de prisión, la Audiencia ha ratificado en su fallo el acuerdo entre la acusación particular y la defensa en lo relativo a la responsabilidad civil. Ese acuerdo prevé que los dos hermanos condenados comiencen a saldar su deuda con Diacon 21 mediante la entrega periódica de 300 euros cada uno, que deberán ser abonados dentro de los diez primeros días de cada mes desde este febrero.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo resuelve, en fecha 16 de enero de 2015 y que ha sido dada a conocer ahora, mediante la que ha desestimado el recurso de casación formulado por un comandante de la Guardia Civil contra la resolución del pasado mes de mayo de 2014 por la que el Tribunal Militar Central le condenó a la pena de cinco meses de prisión y a indemnizar a un agente del Cuerpo en la cuantía de 1.000 € en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos suceden en la tarde del 29 de noviembre de 2011 cuando el ahora condenado ejercía, como capitán de la Guardia Civil, el mando de la Compañía de Sueca. Encontrándose de paisano, observó como el agente que prestaba servicio de atención al ciudadano, haciendo uso de su descanso, se retiró momentáneamente para tomar un bocadillo. Al observar personas en la entrada del Cuartel, el mando pensó que se encontraban esperando a ser atendidas, por lo que al regreso del agente le reprendió en modo «elevado y áspero», sin permitir a este explicarle que tales ciudadanos se encontraban allí por otros motivos. Ante lo elevado de la discusión, el agente le pidió al capitán que no le gritara delante de otras personas, por lo que este ordenó que fueran a su despacho.

Una vez allí, se considera acreditado en la sentencia de instancia que el capitán se dirigió a su subordinado con expresiones como “Te vas a cagar, niñato de mierda”, amenazándole con que iba a dar un parte disciplinario y que se olvidara de promocionar de por vida, ante lo que el afectado respondió que no aguantaba más y se iba, pero el capitán le golpeó en la mano que sujetaba el picaporte, agarrando al guardia por el cuello con la mano derecha y golpeándole con la izquierda, en el pómulo derecho, soltándolo posteriormente mientras le decía «eres un mierda».

Tras estos hechos, el guardia civil fue atendido en un centro de salud de Alzira, donde fue diagnosticado de ansiedad, «hematoma en el pómulo derecho, ligero edema en el dedo índice de la mano derecha y escoriación en el lado derecho del cuello, con marca de dedos», causando baja durante tres meses por «trastorno adaptativo mixto con sintomatología ansiosa y depresiva».

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Sueca incoa diligencias previas e impuso al oficial imputado una orden de alejamiento del perjudicado, lo que le supuso la imposibilidad de prestar servicio en su destino. Planteado conflicto de jurisdicción entre el citado Juzgado de Sueca y el Juzgado Togado Militar Territorial nº 13 (Valencia), la Sala de Conflictos de Jurisdicción, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2012, atribuyó la competencia a la jurisdicción militar.

El Tribunal Militar Central, mediante sentencia de 28 de abril de 2014, dictó sentencia por la que se condenaba al ahora comandante a la pena de cinco meses de prisión, con las accesorias legales, y a indemnizar a un agente del Cuerpo en la cuantía de 1.000 € en concepto de responsabilidad civil, sentencia que ha sido ahora ratificada por el Tribunal Supremo al ser desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valencia, por su parte, llevaba tiempo poniendo de relevancia públicamente la actitud impropia de este oficial con todos sus subordinados, catalogando ese ascenso durante el procesamiento como paradigma del rancio corporativismo de escalas, por lo que desde AUGC estamos convencidos que los hechos ocurrieron por la sobreprotección de la que gozó el ahora condenado.

Resulta muy significativo —han recalcado desde AUGC— que a quien se encontraba imputado por agredir a un subordinado se le habilitara un despacho en el acuartelamiento de Almussafes para que pudiera seguir ejerciendo el mando de su Compañía, mientras que el Guardia Civil agredido no contó con ningún respaldo de nadie. Más bien al contrario, fue sancionado con una falta grave por haber reprobado al oficial por la agresión sufrida.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a dos años de prisión y multa de 2.700 euros a un chico de 22 años que robó la contraseña de un menor para suplantar su identidad en la red social Tuenti.

El condenado logró acceder al perfil del adolescente -de 15 años- después de que este accediese a su cuenta personal desde su ordenador, de forma que la contraseña quedó almacenada en el aparato. Eso permitió al propietario del ordenador acceder sin autorización a los mensajes privados, contactos y demás archivos almacenados en el perfil del menor, e incluso enviar mensajes «de dudoso gusto» a varios de los amigos de ese perfil en Tuenti.

La resolución, califica los hechos como un delito de descubrimiento y revelación de secretos y, si bien impone una condena de dos años de cárcel, en su fallo el juez acuerda la suspensión de esta pena condicionada a que el joven no delinca en tres años y a que haga efectivo el pago de la multa en un plazo de 15 meses.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y, según relata la resolución, el condenado ha pedido expresamente perdón por estos hechos y ya ha consignado 500 euros por daño moral, indemnización finalmente acordada por el juez.

El oftalmólogo Luis Antonio Outeiriño fue condenado en abril de 2014 a pagar 57.753 euros a Adrián Pérez por una serie de imprudencias médicas que derivaron en que el paciente perdiera un ojo.

Pero solo pagó los 5,54 euros que se pudieron encontrar a su nombre en las entidades financieras en España.

«Al ojo ya no lo puedo recuperar, pero quiero que por lo menos me pague la indemnización que corresponde», explicó Adrián Pérez. Es posible que, ante la avalancha de demandas, Outeiriño haya ocultado su patrimonio, la sentencia ordenó a Outeiriño en abril de 2014 el pago de la indemnización. Transcurridos los 20 días de espera, al no haberse pagado, la sentencia fue ejecutada: la Justicia solicitó a todos los bancos que operan en España el embargo de sus cuentas hasta satisfacer el importe que Outeiriño debe pagar.

Solo encontraron cinco euros en una cuenta, que le fueron debidamente embargados. «Es posible que, ante la avalancha de denuncias y demandas que estaba perdiendo, Outeiriño haya ocultado su patrimonio a través de sociedades», dice Juan Manuel Cepeda, abogado de Adrián Pérez, quien ha pedido el embargo de las acciones de esas sociedades, en caso de que a través de ellas pudiera estar ocultando su patrimonio. «Pero el embargo de acciones de una sociedad es un proceso muy largo y complicado, a la venta de acciones no es obligatorio inscribirlas en el Registro Mercantil, si se embargan él puede decir que ya no las tiene», explica.

La investigación judicial de los bienes de Outeiriño puede extenderse en torno a un año, y si no se le encuentra patrimonio embargable a Outeiriño, podría interponerse una querella por alzamiento de bienes (disposición sobre los bienes propios con el fin de alejarlos del alcance de los acreedores). «El problema es que todo esto implica tasas judiciales, muchos gastos, y la situación económica de Adrián no es muy buena, no sé si podrá hacer frente a ello», añade Cepeda. Las tasas judiciales son un factor que está alejando a los afectados por negligencias médicas de hacer las reclamaciones pertinentes.

Outeiriño tiene un historial de condenas por mala praxis. Entre ellas, una de 100.000 euros en 2009 y otra de 16.000 euros en 2008. Que un médico no tenga patrimonio es sospechosoUn abogado especialista en negligencias médicas se muestra sorprendido de que un médico se declare insolvente o no tenga bienes a su nombre.  «Sorprende que un médico no tenga patrimonio, habría que investigar si tiene su patrimonio a nombre de terceras personas, es bastante sospechoso», dice Carlos Sardinero, abogado especializado en negligencias médicas.

Por otra parte, si la víctima tiene que demandar legalmente contra el patrimonio del médico, eso supone que no tiene seguro de responsabilidad civil, lo que constituye una infracción. Outeiriño está registrado en el Colegio de Médicos de Madrid y posee la matrícula profesional para ejercer su profesión, lo que conlleva la obligación de tener un seguro. «Si está registrado, tiene que tener un seguro», dijeron desde el Colegio, que no pudieron confirmar qué seguro tiene. Un vía crucis oftalmológico Cuando Adrián tenía tres años, en 1992, sus maestras de guardería recomendaron a sus padres que lo hicieran ver por un oftalmólogo, ya que el niño «torcía un poco el ojo».

En la sanidad pública les piden esperar y buscaron una segunda opinión en el sector privado, médicos de la sanidad pública, en el hospital Gregorio Marañón, les dijeron que Adrián era aún muy pequeño, y que tenían que esperar que ojo se desarrolle. Sin embargo, ellos buscaron una segunda opinión en el sector privado, y acudieron a un reputado oftalmólogo que había operado a varios famosos: Luis Antonio Outeiriño Míguez. El resultado fue que Adrián, con solo tres años, se sometió a su primera intervención quirúrgica para quitarle una catarata congénita. A partir de allí, comenzó un vía crucis oftalmológico que no se detuvo hasta la pérdida completa de su ojo derecho. Según la historia clínica de Adrián en la Clínica Oftalmológica Outeiriño de Madrid, el oftalmólogo le practicó un total de seis intervenciones, cinco de ellas con anestesia general, entre 1992 y 2005. Sin embargo, el afectado dice que las operaciones fueron doce. Después de que en 2005, con 16 años, Adrián decidiera dejar de ir a este oftalmólogo, se hizo atender por otros profesionales, pero ya no pudieron hacer nada para recuperar su ojo. Finalmente, en 2013, en la Clínica Rementería le colocaron una protésis debido a la atrofia completa del globo ocular. Debe cambiarla cada tres años, aproximadamente, cuesta unos 2.500 euros, y la Seguridad Social no la cubre, cuenta Adrián. Desde la clínica madrileña de Outeiriño se negaron a hacer declaraciones y a facilitar algún tipo de contacto con el oftalmólogo. Después de la primera operación, en donde comenzó a sufrir complicaciones con solo tres años, Outeiriño dejó de cobrar a la familia de Adrián, probablemente con la intención de arreglar los errores. Con gafas y una prótesis buena, a simple vista no parece, pero si miras un poco ves que este ojo no es natural Pero con cada intervención, el ojo parecía emporar. “Estuve yendo todos los lunes durante varios años, nos hacía pasar los primeros”, explica Adrián. Tras tantas intervenciones, el ojo de Adrián quedó no solo completamente ciego, sino que incluso ha sido necesaria su extirpación y su reemplazo por una prótesis artificial. «Entre las gafas que uso, y que me han puesto una prótesis buena, a simple vista no te das cuenta, pero si me miras fijamente un momento, ves que tengo un ojo que no es mío», cuenta Adrián.

Actualmente, pese a tantos contratiempos, Adrián está rehaciendo su vida. Trabaja como jardinero, pero busca la oportunidad de dedicarse a su pasión: entrenador de fútbol. Tiene el título habilitante. «Dedicarme a esto (entrenador de fútbol) fue una forma de aliviar mi dolor», explica. «Esto me ha dado fuerzas para luchar, de niño he sentido el rechazo, insultos, que se te queden mirando el ojo incoloro, te sientes raro, te sientes muy solo», dice. Ahora Adrián tiene pareja, pero es algo que le ha costado mucho, dice. Actualmente, Adrián sufre los contratiempos de concentrar todo el esfuerzo visual en un solo ojo, lo que le afecta la vista de su ojo sano. «De esforzar tanto he perdido visión en el ojo sano, tengo miopía y astigmatismo», dice.