Una mujer ha sido condenada a pagar una multa de 1.800 euros por una falta de incumplimiento de obligaciones familiares, debido a que no llevó a su hija menor de edad al punto de encuentro familiar para que pudiera verla a su progenitor, tal y como establecía la sentencia de separación de los padres sobre la custodia de la niña.

En una resolución fechada el pasado 17 de febrero y hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se confirma la resolución de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que a su vez había confirmado la condena dictada en octubre del año anterior por un juzgado de Instrucción de Dénia.

Los hechos

La acusada no llevó a su hija al PEF los días 24 de mayo y 7 y 14 de junio de 2014, como le obligaba la sentencia emitida por un juzgado de Familia de Alicante para favorecer la relación parental de la pequeña con su otro progenitor.

Tras ser condenada, la madre recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial. Alegó que esos días se encontraba de baja médica y no podía conducir su coche, lo que según ella había comunicado y justificado adecuadamente ante el punto de encuentro. Igualmente, adujo las circunstancias eximentes de estado de necesidad y de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo para justificar su comportamiento.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó la apelación y confirmó íntegramente la sentencia por diversos motivos. Por un lado, la sala recuerda en su resolución que la acusada ni siquiera acudió al juicio de faltas pese a estar citada. Y no justificó de modo alguno su ausencia.

Además, aportó en el recurso contra la condena «de forma absolutamente extemporánea fotocopias de documentos que no han sido por tanto sometidos a la debida contradicción».

Falta de justificación

Por otro lado, el justificante que aportó al PEF de Benissa para exculpar su inasistencia a las visitas acordadas consistía basicamente «en un prospecto de un medicamento y una fotocopia parcialmente legible que aparece firmada por una doctora de Medicina Familiar recomendando evitar la conducción de vehículos por la medicación».

En cualquier caso, la denunciada podía haber utilizado de «otro medios para cumplir con las obligaciones que le eran perfectamente conocidas», según expresan los magistrados. Por ejemplo, podría haber usado «medios de transporte alternativos» a su propio coche o encargar la entrega de la menor a una persona autorizada para ello como lo era otra hija mayor de edad.

«Bajo esas circunstancias no cabe que la denunciada trate de ampararse en el peligro que alega, y que ni siquiera resulta indiciariamente acreditado, lo que no es otra cosa que una palmaria resistencia al cumplimiento de su obligación», señala el tribunal en la sentencia de apelación.

La Guardia Civil ha detenido a un individuo, vecino de Calasparra y al parecer drogodependiente, que presuntamente golpeó con un bate de béisbol a un funcionario de la Oficina Estatal de Empleo en la localidad cuando se le negó la prestación por desempleo.

La ayuda le fue denegada por falta de documentación. Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas, cuando este individuo acudió a la oficina, en la avenida Primero de Mayo, para solicitar una ayuda, que le fue denegada por el funcionario que lo atendió, ya que faltaban varios documentos. Tras marcharse del lugar, regresó a los minutos con un bate de béisbol y comenzó a apalear al funcionario que lo había atendido. Los testigos consiguieron repeler la agresión y le quitaron el bate, pero el presunto agresor intentó cogió un extintor para continuar golpeando a la víctima.

Debido a las lesiones de la víctima en la cara, en el brazo y fractura en la muñeca, fue trasladada al centro de salud, donde se le derivó al hospital de Caravaca, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Por su parte, el presunto agresor, que responde a las iniciales de J.P.M.B., fue detenido por un presunto delito de lesiones. La Guardia Civil está instruyendo las diligencias.

El Ministerio de Justicia ha indemnizado con 8.400 euros a un comerciante francés por los dos meses que estuvo en prisión acusado de traficar con drogas, después de que la Guardia Civil confundiera con cocaína el cargamento de jabones que llevaba debido a un error del «narcotest».

Fueron parados en la autopista con 2.850 pastillas de jabón de tamaño, peso y color variados. En su sentencia, el Ministerio de Justicia estima parcialmente la reclamación presentada por Jacques Benoit Fiocconi, que pedía al Gobierno más de 83.000 euros de indemnización por los perjuicios económicos y daños morales derivados de su estancia en la cárcel. Fiocconi, representado por el letrado Martí Cànaves, permaneció en prisión preventiva del 23 de noviembre de 2012 al 4 de febrero del año siguiente, cuando los análisis del Instituto Nacional de Toxicología descartaron la presencia de droga en las pastillas de jabón incautadas, que motivaron su encarcelamiento.

El comerciante fue arrestado junto a su padre Laurent —un histórico colaborador del cártel colombiano de Pablo Escobar apodado El Mago— en una de las salidas de la autopista AP-7, en la que circulaba en dirección a Francia en una furgoneta cargada con 2.850 pastillas de jabón de tamaño, peso y color variados. Compraron las pastillas de jabón en Figueres para venderlas en su tienda de Córcega. La carga, con un peso de 350 kilos, había sido comprada en una fábrica de perfumería de Figueres (Girona) para su comercialización en la isla italiana de Córcega, donde los Fiocconi residen y regentan la compañía Senteurs de l’Ille. La Guardia Civil analizó mediante un «narcotest» cinco pastillas de jabón escogidas de forma aleatoria que dieron positivo en cocaína, por lo que padre e hijo fueron detenidos acusados de un delito contra la salud pública y el juzgado de instrucción número 8 de Figueres decretó su ingreso en prisión preventiva.

El 14 de diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Toxicología (INT) emitió un dictamen que descartaba la presencia de drogas en las 72 pastillas de jabón que el juzgado le remitió como muestra para su análisis. El Ministerio de Justicia considera que «procede indemnizar» al reclamante por el tiempo que permaneció prisión provisional, pero fija la indemnización conforme al «criterio seguido en casos similares», es decir de 120 euros diarios, más los intereses correspondientes. Investigado por su relación con la mafia Una vez dispuso de los análisis del INT, el juzgado dejó en libertad a Fiocconi y archivó la causa por delito contra la salud pública abierta contra él y contra su progenitor.

El Mago, sin embargo, no pudo abandonar la cárcel por estar imputado en una macroinvestigación judicial dirigida por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Gran Instancia de Marsella por su presunta relación con una alianza entre la mafia corsa y la marsellesa para transportar droga. Las diligencias policiales informaban de que los Fiocconi habían sido detenidos en un control rutinario, pero Cànaves cree que su detención no puede desvincularse del seguimiento de que era objeto Laurent en el marco de la investigación sobre los vínculos de las mafias marsellesa y corsa. En su reclamación, el abogado de Fiocconi denunciaba el «cúmulo de irregularidades» concentradas en este caso, que, en su opinión, «pone en entredicho» la fiabilidad del «narcotest» debido a su «falta de contraste y de homologación».

La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles al pago de sendas multas de 380 euros a dos jóvenes, un chico y una chica, por injuriar al rey y a su familia con insultos y amenazas, uno a través de redes sociales y la otra por portar una pancarta en la que se leía «muerte a los borbones» en una concentración republicana.

La condena les ha sido establecida tras alcanzar ambos un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que ha decidido rebajar a 380 euros su petición inicial de 6.500 euros de multa para cada uno a cambio de que ambos reconocieran los hechos que se les imputaban en la vista que hoy se ha celebrado para cada uno ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La condena les ha sido impuesta tras alcanzar ambos un acuerdo de conformidad Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, uno de los acusados, José Javier P.L., se dedicó en el mes de mayo a difundir a través de su cuenta en Twitter, que entonces contaba con 172 seguidores, una serie de mensajes difamatorios, amenazantes y de mal gusto «con evidente menosprecio» al rey «a la institución y personas que encarna la Corona». La otra acusada, Silvia M.N., se ha tenido que sentar en el banquillo por llevar, el 2 de junio de 2014, una pancarta con el lema «muerte a los borbones» en el transcurso de una concentración de signo republicano en la plaza del Ayuntamiento del Boiro (A Coruña), mensaje que tuvo difusión al aparecer su imagen con la pancarta en medios de comunicación, lo que también permitió su identificación.

El Juzgado de lo Penal nº 5 de San Sebastián ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por un delito continuado contra la intimidad por grabar imágenes de menores desnudos en los vestuarios del Club Atlético de San Sebastián.

El acusado usaba con una microcámara USB camuflada bajo el aspecto de un mando a distancia para evitar sospechas, y acudía semanalmente a los vestuarios del club para obtener imágenes de los miembros del equipo de piragüismo en las duchas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga las diligencias del caso de la niña que fue exorcizada hasta en trece ocasiones cuando era menor y que intentó suicidarse tras ser sometida a los rituales, ha ordenado la imputación del sacerdote y exorcista de Valladolid con iniciales J.H.S y el catequista de la joven, J.C.S.V., con el objetivo de tomarles declaración sobre lo ocurrido.

La decisión se ha producido después de que la magistrada que instruye las diligencias, la Fiscalía y la acusación popular escuchasen los testimonios de los padres de la joven y de la profesora de Religión, B.R.M.G., que ejerció de conexión junto al catequista de la niña entre la familia, la diócesis de Burgos y el exorcista de Valladolid, según una información publicada este martes por Diario de Burgos recogida por Europa Press.

Sí se mostró contrario al número de medicamentos que le habían prescrito. Las mismas fuentes citan que la declaración de los progenitores de la entonces menor queda patente que el exorcista era sabedor de que la joven estaba bajo tratamiento médico y que incluso tuvo acceso al historial clínico y tratamiento de la menor. Asimismo, señalan que el sacerdote aseguró a la familia que sus métodos no interferirían en el tratamiento médico de la joven, aunque aclaran que sí se mostró contrario al número de medicamentos que le habían prescrito.

También señalan al catequista como vínculo entre la diócesis de Burgos y el exorcista de Valladolid y lo sitúan en todos los rituales que se celebraron en la capital vallisoletana. La investigación se inició después de la denuncia de la joven en agosto de 2014 por los posibles delitos de violencia de género, lesiones y maltrato familiar, a consecuencia de los rituales a los que se la sometió durante meses. Las diligencias previas se abrieron una vez analizado el relato de la niña ante la Policía Nacional y leídas las declaraciones de los padres ante los agentes.

En Torremolinos había un lugar que era como el Austwitch de los perros españoles, una mal llamada protectora en la que una mujer a la que el cuerpo me pide llamar monstruo como poco ha estado asesinando agónicamente a miles de perros y embolsándose los fondosdestinados a ello, hasta un millón de euros.

Incluso ponían la música a tope para que no se oyeran tantas muertes, como en los campos de exterminio nazis.

Ella, sin conocimientos veterinarios, ha estado dispensándoles dosis más bajas de las necesarias para matarles y sin sedación para quedarse el dinero al menos a 2.183 perros y gatos, lo que provocaba que estuvieran horas sufriendo hasta morir.

En la fiscalía piden para ella cuatro años. Una pena desmedida, por lo escasa.  Muy baratas salen tantas vidas y semejante fraude. De hecho por el delito continuado de maltrato animal sólo piden un año. ¡Un año! Y tres años de inhabilitación para trabajar con animales, cuando debería estarlo para lo que le queda de vida.

En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido accesoEuropa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación “de forma masiva e injustificada”, haciendo “auténticas sesiones de exterminio” sobre animales normalmente sanos.

Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, “sin que hubiese causa que justificase la muerte”, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”. Considera que la presidenta era la que “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente”, con la colaboración “imprescindible” del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Estos “sacrificios masivos” se realizaban, según la calificación inicial, “sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos,suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte”, con el objeto, “de ahorrar costes” dedicar las instalaciones “con preferencia a los fines privados (de pago)“.

Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos “de forma inexperta” y “sin sedación previa”. “De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas”, pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.

“Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano”, dice el escrito de acusación fiscal.

Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados “carecían” en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella “quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines”.

Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que “bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios”. También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento “o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses”.

El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.

Tres muchachos, de 15, 16 y 17 años de edad, entraron a una casa en la localidad de St. Peters, Missouri, en Estados Unidos. Su objetivo era sustraer los objetos de valor que encontraran dentro  y que pudieran transportar sin mucho esfuerzo. Muy mal hecho, pero nada que se salga de la normalidad.

Además de una Xbox 360, los rateros robaron varias recetas médicas (de somníferos y relajantes musculares) y una urna con las cenizas del padre del dueño de la casa, creyendo que contenía una buena cantidad de cocaína. “Nos vamos a poner las botas“, debieron de pensar. ¡¡¡Vaya trío de águilas!!!

Al hacerse unas rayas en el salpicadero del coche en el que huían, la ‘cruda realidad’ los golpeó. En vez de droga estaban esnifando las cenizas de un muerto. ¡Qué grima! Inmediatamente, tiraron los restos del finado por la ventanilla del vehículo, según detalla el atestado policial. No creo ni que supieran lo que era el extraño polvo grisaceo.

Finalmente, los agentes localizaron a estos ‘ases del crimen’ porque se pusieron a jugar online con la consola robada en la vivienda de uno de ellos. Así se pudo rastrear la IP de conexión pillando con las manos en la masa al ‘trío calavera’. Vamos, que no dieron una a derechas.

El juzgado de Instrucción número 5 de los de León condenó a 20 días de multa a razón de diez euros diarios a un hombre que recibió un correo electrónico del deudor de una entidad bancaria a la que estaba representando, en el que le decía que le iba a quemar la oficina. «Cazurros de mierda, leonés al paredón», aparecía también en la misiva.

La sentencia fue recurrida a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que desestimó las pretensiones del recurrente. «El condenado en la sentencia del Juzgado de Instrucción por una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal impugna aquella resolución a cuyo fin alega no estar de acuerdo con dicha resolución porque, dice, vulnera sus derechos».

«Tan sintética argumentación, como motivo de impugnación, determina que el recurso haya de ser desestimado cuando, del examen de las actuaciones, no advertimos circunstancia o motivo alguno por el que se hubiera producido la lesión de alguna clase de derecho del apelante que, este, en cualquier caso, no se expresa ni identifica en el escrito de recurso y, por ello, lo procedente es confirmar la resolución recurrida».