La juez que acaba de archivar el caso de los cuatro chicos imputados por vejar y violar a una adolescente de su colegio en Málaga lo tuvo claro. «No existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos que han dado lugar a la formación de la causa en atención a pruebas objetivas». Así lo afirma en su auto del pasado 30 de septiembre. Una resolución judicial que acaba con el calvario vivido durante medio año por cuatro familias cuyos hijos, de 17 años, tuvieron que dejar de asistir al instituto por la orden de alejamiento que les impuso como medida cautelar el juez de instrucción. Ahora, el caso puede volvérsele en contra. La juez ha solicitado que se deduzca testimonio contra ella por si hubiera incurrido en delito contra la administración de Justicia.
Pero, ¿a qué «pruebas objetivas» se refiere la juez? ¿En qué se basa para dar por no probados los gravísimos hechos denunciados por A.P.N. (iniciales de la denunciante)? Fundamentalmente, en las pruebas periciales que han tenido que ver con el uso de la tecnología. Portar un teléfono móvil significa hoy en día ir dejando un rastro. Y en ocasiones, como le ha sucedido a estos chicos malagueños acusados falsamente —según ha dictaminado la Justicia— resulta toda una suerte.
El auto en el que la juez va destruyendo una por una las acusaciones de A.P.N. en torno a las coacciones, acoso escolar y agresión sexual que afirmaba haber sufrido es muy contundente. Han sido meses de instrucción, en los que se ha tomado declaración a compañeros y docentes del centro, un colegio religioso de Málaga donde supuestamente habían ocurrido los hechos. Un trabajo duro por parte de la Fiscalía, ante la que nunca llegó a declarar la joven denunciante pese a los requerimientos. Pero también, y sobre todo, para los padres de los acusados, obligados con sus defensas a ir destejiendo la maraña que contra ellos se había urdido.
A.P.N., alumna de segundo de Bachillerato, denunció ante la Policía haber sido brutalmente agredida por tres de sus compañeros en el colegio. Entre las 14.30 y las 15.00 horas del pasado 16 de marzo. Según su versión, los chavales la habían agarrado y llevado hacia un lugar de los jardines del centro. Tras golpearla, insultarla y quitarle la ropa, había sido penetrada bucal, anal y vaginalmente por tres de ellos. El cuarto se quedó mirando.
Pues bien. La localización de llamadas y conexiones de datos de los chavales permitió saber que sólo uno de los cuatro compañeros de curso de la chica se encontraba en el colegio en la hora de los hechos. Y precisamente éste había sido visto en el comedor por un profesor en ese intervalo horario «sin ningún género de dudas». Los otros tres, a esa hora, se conectan a internet, llaman o reciben llamadas y mantienen conversaciones de whatsapp con amigos. Pero desde sitios distintos, alguno de ellos bastante alejado del colegio. «Esta juzgadora no va a entrar a analizar aspectos subjetivos, como si se pueden estar cometiendo hechos tan graves y a la vez mantener conversaciones vía whatsapp o realizar llamadas telefónicas (…) lo que queda claro y es objetivo, no cabe discusión alguna, es que (los denunciados) no se encontraban en el lugar de los hechos», afirma la instructora del caso en su auto.
Gracias al uso de la tecnología también pudo saberse que las fotos de hematomas que la denunciante había presentado como prueba las había sacado de internet. Lo descubrió el padre de uno de los adolescentes acusados. El barrido posterior del teléfono de la niña descubrió que durante tres días se había estado descargando imágenes de moratones a su móvil durante la hora del recreo. Otra mentira que cayó por el peso de las pruebas periciales.
