En Torremolinos había un lugar que era como el Austwitch de los perros españoles, una mal llamada protectora en la que una mujer a la que el cuerpo me pide llamar monstruo como poco ha estado asesinando agónicamente a miles de perros y embolsándose los fondosdestinados a ello, hasta un millón de euros.
Incluso ponían la música a tope para que no se oyeran tantas muertes, como en los campos de exterminio nazis.
Ella, sin conocimientos veterinarios, ha estado dispensándoles dosis más bajas de las necesarias para matarles y sin sedación para quedarse el dinero al menos a 2.183 perros y gatos, lo que provocaba que estuvieran horas sufriendo hasta morir.
En la fiscalía piden para ella cuatro años. Una pena desmedida, por lo escasa. Muy baratas salen tantas vidas y semejante fraude. De hecho por el delito continuado de maltrato animal sólo piden un año. ¡Un año! Y tres años de inhabilitación para trabajar con animales, cuando debería estarlo para lo que le queda de vida.
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido accesoEuropa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación “de forma masiva e injustificada”, haciendo “auténticas sesiones de exterminio” sobre animales normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, “sin que hubiese causa que justificase la muerte”, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”. Considera que la presidenta era la que “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente”, con la colaboración “imprescindible” del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Estos “sacrificios masivos” se realizaban, según la calificación inicial, “sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos,suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte”, con el objeto, “de ahorrar costes” dedicar las instalaciones “con preferencia a los fines privados (de pago)“.
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos “de forma inexperta” y “sin sedación previa”. “De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas”, pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
“Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano”, dice el escrito de acusación fiscal.
Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados “carecían” en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella “quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines”.
Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que “bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios”. También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento “o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses”.
El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.
