El oftalmólogo Luis Antonio Outeiriño fue condenado en abril de 2014 a pagar 57.753 euros a Adrián Pérez por una serie de imprudencias médicas que derivaron en que el paciente perdiera un ojo.

Pero solo pagó los 5,54 euros que se pudieron encontrar a su nombre en las entidades financieras en España.

«Al ojo ya no lo puedo recuperar, pero quiero que por lo menos me pague la indemnización que corresponde», explicó Adrián Pérez. Es posible que, ante la avalancha de demandas, Outeiriño haya ocultado su patrimonio, la sentencia ordenó a Outeiriño en abril de 2014 el pago de la indemnización. Transcurridos los 20 días de espera, al no haberse pagado, la sentencia fue ejecutada: la Justicia solicitó a todos los bancos que operan en España el embargo de sus cuentas hasta satisfacer el importe que Outeiriño debe pagar.

Solo encontraron cinco euros en una cuenta, que le fueron debidamente embargados. «Es posible que, ante la avalancha de denuncias y demandas que estaba perdiendo, Outeiriño haya ocultado su patrimonio a través de sociedades», dice Juan Manuel Cepeda, abogado de Adrián Pérez, quien ha pedido el embargo de las acciones de esas sociedades, en caso de que a través de ellas pudiera estar ocultando su patrimonio. «Pero el embargo de acciones de una sociedad es un proceso muy largo y complicado, a la venta de acciones no es obligatorio inscribirlas en el Registro Mercantil, si se embargan él puede decir que ya no las tiene», explica.

La investigación judicial de los bienes de Outeiriño puede extenderse en torno a un año, y si no se le encuentra patrimonio embargable a Outeiriño, podría interponerse una querella por alzamiento de bienes (disposición sobre los bienes propios con el fin de alejarlos del alcance de los acreedores). «El problema es que todo esto implica tasas judiciales, muchos gastos, y la situación económica de Adrián no es muy buena, no sé si podrá hacer frente a ello», añade Cepeda. Las tasas judiciales son un factor que está alejando a los afectados por negligencias médicas de hacer las reclamaciones pertinentes.

Outeiriño tiene un historial de condenas por mala praxis. Entre ellas, una de 100.000 euros en 2009 y otra de 16.000 euros en 2008. Que un médico no tenga patrimonio es sospechosoUn abogado especialista en negligencias médicas se muestra sorprendido de que un médico se declare insolvente o no tenga bienes a su nombre.  «Sorprende que un médico no tenga patrimonio, habría que investigar si tiene su patrimonio a nombre de terceras personas, es bastante sospechoso», dice Carlos Sardinero, abogado especializado en negligencias médicas.

Por otra parte, si la víctima tiene que demandar legalmente contra el patrimonio del médico, eso supone que no tiene seguro de responsabilidad civil, lo que constituye una infracción. Outeiriño está registrado en el Colegio de Médicos de Madrid y posee la matrícula profesional para ejercer su profesión, lo que conlleva la obligación de tener un seguro. «Si está registrado, tiene que tener un seguro», dijeron desde el Colegio, que no pudieron confirmar qué seguro tiene. Un vía crucis oftalmológico Cuando Adrián tenía tres años, en 1992, sus maestras de guardería recomendaron a sus padres que lo hicieran ver por un oftalmólogo, ya que el niño «torcía un poco el ojo».

En la sanidad pública les piden esperar y buscaron una segunda opinión en el sector privado, médicos de la sanidad pública, en el hospital Gregorio Marañón, les dijeron que Adrián era aún muy pequeño, y que tenían que esperar que ojo se desarrolle. Sin embargo, ellos buscaron una segunda opinión en el sector privado, y acudieron a un reputado oftalmólogo que había operado a varios famosos: Luis Antonio Outeiriño Míguez. El resultado fue que Adrián, con solo tres años, se sometió a su primera intervención quirúrgica para quitarle una catarata congénita. A partir de allí, comenzó un vía crucis oftalmológico que no se detuvo hasta la pérdida completa de su ojo derecho. Según la historia clínica de Adrián en la Clínica Oftalmológica Outeiriño de Madrid, el oftalmólogo le practicó un total de seis intervenciones, cinco de ellas con anestesia general, entre 1992 y 2005. Sin embargo, el afectado dice que las operaciones fueron doce. Después de que en 2005, con 16 años, Adrián decidiera dejar de ir a este oftalmólogo, se hizo atender por otros profesionales, pero ya no pudieron hacer nada para recuperar su ojo. Finalmente, en 2013, en la Clínica Rementería le colocaron una protésis debido a la atrofia completa del globo ocular. Debe cambiarla cada tres años, aproximadamente, cuesta unos 2.500 euros, y la Seguridad Social no la cubre, cuenta Adrián. Desde la clínica madrileña de Outeiriño se negaron a hacer declaraciones y a facilitar algún tipo de contacto con el oftalmólogo. Después de la primera operación, en donde comenzó a sufrir complicaciones con solo tres años, Outeiriño dejó de cobrar a la familia de Adrián, probablemente con la intención de arreglar los errores. Con gafas y una prótesis buena, a simple vista no parece, pero si miras un poco ves que este ojo no es natural Pero con cada intervención, el ojo parecía emporar. “Estuve yendo todos los lunes durante varios años, nos hacía pasar los primeros”, explica Adrián. Tras tantas intervenciones, el ojo de Adrián quedó no solo completamente ciego, sino que incluso ha sido necesaria su extirpación y su reemplazo por una prótesis artificial. «Entre las gafas que uso, y que me han puesto una prótesis buena, a simple vista no te das cuenta, pero si me miras fijamente un momento, ves que tengo un ojo que no es mío», cuenta Adrián.

Actualmente, pese a tantos contratiempos, Adrián está rehaciendo su vida. Trabaja como jardinero, pero busca la oportunidad de dedicarse a su pasión: entrenador de fútbol. Tiene el título habilitante. «Dedicarme a esto (entrenador de fútbol) fue una forma de aliviar mi dolor», explica. «Esto me ha dado fuerzas para luchar, de niño he sentido el rechazo, insultos, que se te queden mirando el ojo incoloro, te sientes raro, te sientes muy solo», dice. Ahora Adrián tiene pareja, pero es algo que le ha costado mucho, dice. Actualmente, Adrián sufre los contratiempos de concentrar todo el esfuerzo visual en un solo ojo, lo que le afecta la vista de su ojo sano. «De esforzar tanto he perdido visión en el ojo sano, tengo miopía y astigmatismo», dice.

La Fiscalía de Álava pide dos años y medio de cárcel para un hombre y una mujer acusados de coaccionar desde 2011 a una pareja de vecinos suyos, a los que han volcado heces en el felpudo y en el buzón, han dañado su coche y su moto, los han seguido por la calle y les han llamado a horas intempestivas.

Según la calificación fiscal, los acusados, un hombre de 50 años y una mujer de 47 residen en el piso inmediatamente inferior al de la pareja acosada, en un piso de Vitoria.

El fiscal considera que, desde 2011 hasta ahora, los procesados han atacado los bienes de esta pareja y les han intimidado hasta el punto de que les ha generado una situación «emocionalmente insostenible», lo que les ha llevado a modificar sus costumbres y a ver condicionada su libertad. Ya en abril de 2011 un juzgado de Vitoria les condenó por conductas similares, ya que entonces volcaron cubos de basura en el felpudo de estos vecinos, sentencia que fue ratificada por la Audiencia de Álava.

En septiembre de ese mismo año también fueron condenados por proferir injurias contra ellos y en noviembre de 2012 se les privó del uso de su vivienda durante un mes por este tipo de hechos, fallos que fueron ratificados asimismo por la Audiencia. Sin embargo, según el fiscal estas condenas no han hecho cambiar la actitud de los acusados, que han seguido causando daños de manera reiterada en el buzón de sus vecinos, en el que han metido basura, y han tenido que repararlo hasta que finalmente lo han quitado. También les han causado múltiples desperfectos en su vehículo, por lo que decidieron dejar de aparcarlo en su garaje y estacionarlo en otro aparcamiento cercano.

No obstante, los acusados les siguieron y descubrieron la nueva ubicación, por lo que optaron por volver a cambiar por tercera vez de lugar de aparcamiento. Además, tienen una motocicleta que no cambiaron de garaje y le hicieron un corte en la rueda delantera.

Junto a los ataques a bienes, han sufrido según el ministerio fiscal «infinidad de acosos personales», ya que les llamaban continuamente al portero automático, lo que obligó a los denunciantes a desconectar el telefonillo de su vivienda. Posteriormente los acusados comenzaron a llamar al timbre de la puerta principal de la vivienda, lo que llevó a las víctimas a colocar una cámara en el descansillo. Además, la mujer llamaba al teléfono fijo de la vivienda y al móvil de uno de los miembros de la pareja a horas intempestivas y, cuando se encontraba con su vecina en el portal adoptaba actitudes desafiantes y llegó a seguirla por la calle. Todo esto ha generado una actitud de temor y desasosiego en la pareja, que ha visto «destruida su tranquilidad personal y familiar».

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de coacciones y pide 30 meses de prisión para los acusados. También solicita que se les prohíba acercarse a menos de 200 metros de ellos ni comunicarse por ningún medio durante un año, además de pagarles 3.000 en concepto de daños morales. El juicio por estos hechos se celebrará la próxima semana en un juzgado de Vitoria.

Tribunal Supremo ha confirmado la condena de diez años y medio de prisión impuesta a un hombre acusado de abusar sexualmente en Sevilla de la sobrina de 12 años de edad de su pareja sentimental y de almacenar en su ordenador imágenes de contenido sexual explícito en las que aparecían niñas también menores de edad.

En un auto, la Sala de lo Penal rechaza el recurso interpuesto por el sentenciado, Luis C.D., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo condenó a tres años de cárcel por un delito de abusos sexuales continuados; a siete años por un delito intentado de agresión sexual con introducción de miembro, y a seis meses de cárcel por un delito de corrupción de menores en su modalidad de tenencia de material pornográfico.

El tribunal considera acreditado que, en agosto de 2012, y con el pretexto de realizar un masaje a su pareja y a la sobrina de ésta, el acusado hizo que ambas se tumbaran en sendas camas, aprovechando para tocar el pecho y los genitales de la menor, que «inmediatamente reaccionó abandonando la habitación», no constando que el acusado supiera en ese momento que la menor no había cumplido 13 años.

Desde que terminara el verano y hasta marzo de 2012, el procesado abordó en diversas ocasiones a la menor cuando ésta se encontraba en casa de su tía y novia del encausado en Sevilla, tocándole el pecho, cogiéndole la mano y llevándola hacia sus genitales para que se masturbara.

Asimismo, el acusado realizaba a la menor preguntas e insinuaciones de contenido sexual, pues guardaba en su ordenador portátil fotografías suyas desnudo de cintura para abajo sobre las que le preguntaba a la menor si le gustaban, además de que le proponía directamente tener relaciones íntimas.

Estas conductas de «abordaje sexual» culminaron en las vacaciones de Semana Santa de 2013, cuando la menor se encontraba en el piso de su tía sentada en el sofá y en un momento dado el acusado se le acercó y, bajándose el pantalón, le pidió que tocara sus genitales, tras lo que le sujetó por las muñecas y se sentó sobre la víctima, inmovilizándola mientras la besaba y tocaba los genitales.

Todo ello hasta que la menor consiguió empujar al procesado, cayéndose, y se marchó del lugar, dice el tribunal, que asevera que, en el ordenador referido, había un disco duro en el que el acusado tenía para su uso imágenes de contenido sexual explícito en las que aparecían niñas menores de edad.

El acusado recurrió alegando, en primer lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia por considerar que la declaración de la víctima no es suficiente prueba de cargo, lo cual rechaza el Supremo porque la Audiencia «ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, para afirmar que el recurrente abusó e intentó agredir sexualmente a la víctima», lo que «se infiere de la declaración de la víctima corroborada por los informes periciales y las declaraciones de testigos».

Asimismo, el imputado recurrió porque se le rechazó como prueba la realización de un examen psiquiátrico a la víctima, una prueba que «no era necesaria», según el Supremo, porque «no consta en la causa ningún indicio o sospecha de que tuviera algún problema psiquiátrico» y «no basta sustentar que la madre de la víctima sí que padece un problema mental para solicitar esta prueba a su hija».

«De hecho, consta informe psiquiátrico de la menor en el que no denota ninguna patología que requiriera este examen», razona el Supremo, que llama la atención sobre el hecho de que el acusado «tiene 47 años más» que la afectada, a la que tendrá que pagar además una indemnización de 15.000 euros.

Las redes sociales eran uno de los instrumentos que utilizaban para conocer mujeres. Se trata de dos hombres que acaban de ser condenados por varios delitos de abuso sexual y para los que el tribunal, además de imponerles una pena de prisión, así como el deber de indemnizar a las víctimas, les ha prohibido emplear las diversas aplicaciones de contactos que ofrece internet.

Los delitos por los que han sido condenados tuvieron lugar el 27 de diciembre de 2012. Las víctimas habían acudido al lugar en el que residía en Alhaurín de la Torre uno de los acusados, que estaba en compañía del otro procesado. Los dos, puestos de acuerdo, ofrecieron a las víctimas unos combinados del alcohol en los que habían disuelto unas pastillas de trankimazin.

Su objetivo no era otro que conseguir privar de sentido a las víctimas o doblegar su voluntad, siempre según se recoge en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso este periódico. Al ingerir las bebidas, ambas quedaron en un estado de semiinconsciencia, momento que aprovecharon los dos acusados para satisfacer sus deseos sexuales con ellas.

Sin embargo, una de las víctimas pudo recuperar en un momento dado la consciencia. Veía a su amiga con la mirada ida, mientras los dos procesados abusaban de ella. Logró despertarla y las dos abandonaron apresuradamente el lugar.

Al llegar a sus casas comprobaron que no llevaban ropa interior, viendo también una de ellas que le habían escrito una frase obscena en la parte posterior del glúteo. Además, por la mezcla del fármaco con el alcohol sufrieron los días posteriores dolores de cabeza y se notaban cansadas.

Por ello, el principal acusado ha sido condenado como autor de dos delitos de abuso sexual, así como de otro de tenencia ilícita de armas, ya que bajo la autocaravana en la que residía se encontró un arma de fabricación casera adaptado para el disparo y munición. La sala le ha impuesto seis años y nueve meses de prisión, además de no poder utilizar redes sociales de contactos durante ocho años ni acercarse a las víctimas.

Al otro procesado se le ha impuesto una pena de dos años de prisión por su complicidad en el delito de abuso. Tampoco podrá acercarse a una de las mujeres ni utilizar las redes sociales durante 5 años. Además de tener que indemnizarlas, los dos deberán asistir a programas de reeducación sexual.

El atraco a la sucursal de Abanca en A Manchica del 17 de diciembre del 2013, que reportó a los asaltantes un botín de 48.000 euros, fue ejecutado materialmente por dos autores. Identificados y juzgados, el caso podía haber rematado con una sentencia que los castigara. Pero no. Han sido cuatro los acusados y todos ellos acaban de ser condenados. El mas beneficiado, con diferencia, ha sido el asaltante que asumió el mayor protagonismo durante el atraco, al haber sido quien entró en la oficina, esgrimió un arma de fogueo, y dio a los órdenes a los empleados, mientras un compañero quedaba en la puerta y los otros dos autores los esperaban a distancia en dos coches para facilitar la huida. De no ser por la colaboración de Carlos G. C., «sería imposible la identificación de los restantes acusados», admite la sentencia. A cambio del chivatazo, Carlos ha visto rebajado su condena a penas que suman dos años de prisión, mientras que a su compañero de actuación, Higinio M. M., le sube la pena a cuatro años.

La condena para los otros dos autores, que no llegaron ni a acercarse a la sucursal y a quienes hubiera sido imposible identificar, de no haber sido por el testimonio de Carlos, queda en cuatro años en el caso de Juan Antonio G. A. y sube hasta los seis años en lo que se refiere a Ricardo R. M., por ser reincidente. La sentencia del juzgado de lo Penal 2 de Ourense deja claro que Ricardo, pese a haberse mantenido a distancia, fue el «instigador, el organizador», quien repartió las armas, realizó labores de vigilancia y control, siendo además quien repartió el dinero.

El juez concede plena credibilidad a Carlos. El alquiler del vehículo en A Coruña, la ubicación de los móviles y el paso de los coches por la autopista corroboran sus pasos. Rechaza, por otra parte, una supuesta animadversión del delator hacia Ricardo, que atribuía a haber participado la esposa de aquél en vídeos pornográficos producidos o relacionados con él.

Los condenados, según detalla la sentencia, quedaron a las seis y media de la madrugada del 17 de diciembre del 2013 en la estación de servicio de Ordes. Sobre las 8.15, en las inmediaciones del psiquiátrico de Toén, sustituyeron las placas de matrícula de un Seat Córdoba alquilado en A Coruña por las de un Escort con señas de Ourense. A las 8.45, Carlos entró en la sucursal con una pistola de fogueo y anunció que aquello era un atraco, mientras Higinio permanecía en la puerta con otra pistola de bolas a gas. Los otros dos coautores del atraco permanecieron lejos para facilitar la huida. Se acabaron reuniendo todos en una pista de acceso a la A-52, en Alongos, donde cambiaron la ropa y sustituyeron las placas del Córdoba. Carlos cantó posteriormente. Facilitó a la Guardia Civil nombres y datos. Desde el 19 de aquel diciembre están en prisión.

El Tribunal Supremo confirma seis años de cárcel impuesta a un hombre acusado de atracar a mano armada en noviembre de 2011 una sucursal del Banco Santander ubicada en Sevilla tras raptar al director en la puerta de su domicilio y trasladarlo por la fuerza a la oficina, donde esperó la apertura con retardo de la caja fuerte y se hizo con un botín de 59.595,17 euros.

La Sala de lo Penal, rechaza así el recurso de casación del acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial que lo condenó a seis años de prisión por un delito de robo con intimidación en concurso medial con un delito de detención ilegal con la atenuante de drogadicción y las agravantes de disfraz y reincidencia, así como al pago de una indemnización de 59.595,17 euros al Banco Santander.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 7,00 horas del 22 de noviembre de 2011, cuando el acusado, que al parecer llevaba varios días planificando el golpe, lo secuestró a punta de pistola en la puerta de su domicilio y le obligó a subir en su propio vehículo, donde fue trasladado junto a otros sospechosos.

De este modo, el imputado llevó a la víctima a una oficina del Banco Santander ubicada en la calle Afán de Ribera, obligándole a abrir la oficina y la caja fuerte localizada en su interior. Una vez perpetrado el robo, el acusado, que actuó ataviado con pasamontañas y con portando un arma de fuego, huyó del lugar en un vehículo.

El acusado recurrió al considerar que debió apreciarse la atenuante de drogadicción muy cualificada, teniendo en cuenta los informes obrantes en las actuaciones que acreditan «un consumo intenso y prolongado de diversas sustancias estupefacientes» y que padece un trastorno de personalidad derivado de esa adicción, por todo lo cual reclamaba que se rebajara la pena a cuatro años y medio de prisión.

«Desde su propio planteamiento el recurso no puede en modo alguno prosperar», asevera el Supremo, que recuerda que la sentencia ya recogía que el imputado «es adicto al consumo de heroína y cocaína de más de 25 años de evolución, lo que orienta su voluntad a la realización de hechos con los que obtener el dinero necesario para satisfacer su adicción» y que «presenta un trastorno de personalidad por dependencia a sustancias psicoactivas, no exactamente acreditado».

Con ello «se apreció correctamente la atenuante de drogadicción, sin que existan méritos para apreciar la atenuante apreciada como muy cualificada», dice la Alta Instancia, que argumenta que «pese al acreditado consumo reiterado y prolongado, no ha quedado suficientemente acreditada una excepcionalidad en la adicción o una anulación o grave afectación de sus capacidades intelectivo-volitivas».

Además, la Audiencia argumentó en su sentencia de que «no consta cuál era su situación exacta en la fecha de los hechos, así como tampoco el grado y alcance del trastorno de personalidad que presenta».

«Prácticamente, la única prueba de que se discutió» fue el informe emitido por el subdirector médico de la cárcel, con base en el cual «se reconoce la toxicomanía y un trastorno de personalidad inespecífico, añadiendo que esas dolencias no constituyen una patología mental enajenante, y que no se puede concluir que en el momento de los hechos tuviera gravemente alteradas sus facultades intelectivas o volitivas», agrega.

Así, el acusado, «para perpetrar el robo en el banco, junto con otros individuos, secuestraron al director de la sucursal y le llevaron a la entidad para, una vez conseguido el dinero, volverle a dejar en su domicilio, lo que requirió sin duda una notable planificación y preparación».

La entrada y registro de una morada por funcionarios de la Agencia Tributaria «solo cabe con el consentimiento del obligado tributario o con la oportuna autorización judicial». Si no se cumplen esas condiciones en la obtención de datos en la entrada al domicilio de una empresa en Cataluña, por parte de personal de la AEAT de la capital catalana, todo lo demás pierde sentido. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 ha exculpado de un delito contra la hacienda pública a los seis consejeros de la empresa Orenjoya S.A., para quienes el fiscal y la abogacía del Estado pedían penas de dos años de prisión y multa de 320.000 en cada caso, aparte del pago de una indemnización de 160.000 euros por presunto fraude en la declaración del Impuesta del Valor Añadido del 2004.

Esta acusación mantenía que la empresa ourensana, investigada dentro de una supuesta y amplia trama que afecta a distintas firmas en toda España, adquiría oro y plata en origen sin declarar el IVA. Transformado en piezas para su distribución al detalle, la empresa facturaría joyas por valor de un millón de euros en operaciones sin reflejo en las cuentas fiscales de la empresa.

La sentencia fundamenta que las pruebas fueron obtenidas en Barcelona con violación del derecho a la intimidad.

Una vecina de Marín ha sido sentenciada como autora de una falta de injurias hacia quien fue su marido por insultarlo a través de Facebook. Según se considera acreditado por parte de los magistrados, la mujer tachó a su exesposo de «maltratador», una conducta que inicialmente fue castigada con la imposición de una multa de doscientos euros.

La multa económica acaba de ser reducida ahora a sesenta euros por la Audiencia. Los magistrados concluyeron que no se acreditó que el insulto fuese expresado «de modo público», toda vez que se acepta la versión de la marinense de que se efectuó en un chat privado, «al que solamente acceden un círculo muy pequeño de familiares».

La prueba documental que aportó, a juicio de los magistrados capitalinos, únicamente prueban que denunciante y denunciada emplean esta red social para dirigirse «increpaciones recíprocas fruto de la enemistad que sin duda se profesan». Añade que esta circunstancia, en modo alguno, justifica el empleo «de expresiones manifiestamente injuriosas que afectan a la reputación y la fama de la persona», pero debe de tenerse presente a la hora de imponer la condena.

A su vez, se debe tener en cuenta el medio a través del cual se profirió el insulto, «medio de inmediata transmisión de pensamientos o sentimientos que facilita el desahogo verbal».

Ambos aspectos fueron tenidos en cuenta por la Audiencia Provincial que argumentara que se optara por rebajar la multa inicialmente impuesta, si bien se mantiene la advertencia de que el impago podría conllevar la privación de libertad.

En lo que hay controversia es la ausencia de jurisdicción de los tribunales pontevedreses para juzgar este caso. Se da la particularidad de que la condenada reside en Andorra y fue allí donde escribió la expresión injuriosa contra su exmarido. En este punto, se recuerda que el Tribunal Supremo, en este tipo de circunstancias, ha resuelto que la competencia recaiga sobre el juzgado que tiene jurisdicción donde reside la víctima.