Un nuevo caso de descoordinación policial ha hecho que un mismo hecho termine en dos juzgados de la Audiencia Nacional. Una vez que se tramiten las diligencias, lo más lógico es que el caso sea conocido por un solo juez, pero esa tramitación ocupará tiempo a unos juzgados que en la actualidad se encuentran atestados de trabajo.

El pasado día 21 un ataque de hackers producido en Francia por parte que yihadistas tecnológicos hizo que las páginas web de decenas de ayuntamientos navarros aparecieran con mensajes islamistas y amenazas a Francia y a Israel. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se pusieron inmediatamente a investigar lo sucedido y llegaron a la conclusión de que el ataque se había producido en Francia, país en el que está el servidor con el que trabajan estas entidades locales.

Al ser un suceso con connotaciones terroristas, el Cuerpo Nacional de Policía envió las diligencias a la Audiencia Nacional. El caso acabó en el juzgado central de instrucción número 1, que tendrá que tramitar estas diligencias.

Al día siguiente, varios alcaldes presentaron una denuncia por los hechos sucedidos. Tras hablar con Animsa, la empresa pública que realiza los servicios informáticos a la mayor parte de los ayuntamientos navarros, ésta interpuso una denuncia también en la Audiencia Nacional. Al presentarse la denuncia al día siguiente de la primera, en este caso, el ataque informático recayó en el juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Es decir, un mismo procedimiento, con toda la documentación pertinente, se encuentra en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional en un momento en que al Tribunal se encuentra repleto de casos relacionados con la corrupción y terrorismo.

Una vez tramitadas las denuncias, lo lógico y que suele suceder es que el juez del segundo tribunal, se inhiba a favor del primero, por lo que la investigación del caso y su juicio, en el caso de que se aprecie algún delito, recaerá en el primer juzgado, ya que fue el primero en recibir las diligencias oportunas.

Se absuelve al acusado -abogado de los querellantes- del delito de apropiación indebida por el que fue condenado. Señala el TS que el silencio jurisdiccional acerca de la existencia de deudas recíprocas entre los querellantes y el acusado, el error que determinó incluir en el objeto del proceso el ejercicio de una pretensión civil que ya estaba siendo objeto de tratamiento en otro orden jurisdiccional, y el deferir a la fase de ejecución lo que debió haber sido incluido en la declaración de hechos probados, suponen la vulneración de la presunción de inocencia del acusado, por falta de prueba de descargo ofrecida por la defensa.

La Audiencia de Girona ha condenado a 41 años de cárcel a Josep Castiella, el monitor de Lloret de Mar que confesó en el juicio haber abusado sexualmente de 17 niños de entre 4 y 9 años, entre 2011 y 2012. A pesar de la extensa condena, Castiella cumplirá, según marca la ley, un máximo de 16 años y medio. La sentencia de la Audiencia de Girona considera probados los abusos de Castiella, conocido como “el Pepe”.

El juzgado ha tenido en cuenta que en el Juicio celebrada el pasado día 12 el procesado reconoció, con monosílabos, todos los hechos de los que le acusaban tanto la fiscal como las acusaciones privadas. La resolución judicial le reconoce dos atenuantes simples de confesión y de alteración psíquica y le rebaja en un grado la pena solicitada por la fiscalía, que superaba los 100 años de cárcel.

En concreto, la resolución condena a Josep Castiella a 5 años y medio de cárcel por el delito continuado de abuso sexual mediante acceso carnal, al que sometió a uno de los pequeños, de seis años, al que le hizo una felación y lo gravó con su teléfono. Por los abusos sexuales a otros 10 menores le condena a 2 años de cárcel por cada uno de los delitos y por los delitos continuados de abuso sexual que sometió a media docena de menores más le impone una pena de 2 años y medio por cada uno de ellos. Por el delito de elaboración de pornografía infantil le condena a medio año de cárcel y por la tenencia de esta pornografía le impone una sanción de tres meses de multa, un total de 540 euros.

A su vez, la sentencia condena al pederasta confeso a no poderse aproximar a menos de 500 metros de las víctimas durante los 10 años siguientes a su excarcelación. Además se le impondrá la medida de libertad vigilada, no podrá trabajar en nada que esté relacionado con menores en seis años y deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil a cada uno de ellos con 6.000 euros, en total 102.000 euros.

Castiella fue contratado como monitor por el AMPA del colegio Àngels Alemany para impartir clases extraescolares de guitarra, tenis y psicomotricidad. También trabajo para el Ayuntamiento, durante Navidad y Semana Santa y fue director en diferentes colegios. Algunos padres también le contrataron para dar clases particulares a sus hijos. El procesado aprovechó estas circunstancias para abusar de los pequeños.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de nueve años de cárcel para un hombre que, intencionadamente, contagió el sida a su pareja. De este modo, el Alto Tribunal no admite el recurso de casación del acusado, que alegaba vulneración al derecho a la presunción de inocencia y falta de credibilidad de la víctima -con quien mantiene un contencioso sobre la propiedad de una finca y vivienda en Perú en la que residen la madre y los dos hijos de ésta a los que, según el imputado, pretende desahuciar desde hace tiempo-, si bien el Supremo señala en su sentencia, fechada el 4 de diciembre de 2014, que la conclusión de la Audiencia Provincial está «suficientemente motivada».

Así pues, la Audiencia Provincial condena al hombre a nueve años de cárcel como autor de un delito de lesiones dolosas por ocultar a su pareja sentimental que tenía VIH; a la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante diez años; y a pagar la mujer una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios.

Al acusado, A. B. M., le fue diagnosticado en abril del 2000 que era portador de VIH y en 2007 inició una relación sentimental con una mujer hasta abril de 2012. El tribunal de instancia afirma que, según la víctima, el acusado no le dijo que era portador del virus pese a mantener relaciones sexuales completas sin la utilización de ningún método de protección profiláctica para evitar el contagio. En marzo de 2011, sospechando que el hombre pudiera ser portador del VIH por el interés que mostraba por páginas relativas a dicha enfermedad en Internet, la mujer expuso sus sospechas a su médico de cabecera, que prescribió una analítica completa, diagnosticándole que era portadora del virus VIH.

Según la resolución del Tribunal Supremo, la descripción de los hechos por parte de la víctima está «llena de matices, detalles y claridad», y en ella «no se aprecian incongruencias ni contradicciones en los elementos esenciales».

La Audiencia Provincial, continúa el TS, no aprecia la existencia de móvil espurio, venganza o resentimiento en la denuncia, además de que la víctima ofreció una explicación «razonable» de los dos extremos sobre los que el procesado pretendía restar credibilidad a su testimonio.

Y, respecto a que el acusado niegue haber mantenido una relación sentimental con la víctima, la Sala se remite a dos sentencias, una firme y otra en segunda instancia, en las que el imputado es condenado por delitos de violencia de género en su modalidad de lesiones por hechos en los que la víctima era mujer.

Por todo ello, la Audiencia concluye que el recurrente, sabiendo que portaba la enfermedad, ocultó a la mujer su enfermedad y mantuvo relaciones sexuales completas con ella sin la utilización de medidas de protección profilácticas, transmitiéndole por esa vía el virus del VIH.

La secretaria judicial de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid es imputada por la comisión de un supuesto delito de apropiación indebida por «sisar» casi dos millones de euros de la cuenta de consignación de su juzgado a lo largo de mas de 10 años. Los hechos están siendo investigados por un Juzgado de Instrucción de Madrid.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que precisan que la mujer fue detenida en la misma sede de los juzgados la semana pasada y pasó el viernes a disposición del Juez, quedando en libertad pese a que la Fiscalía había interesado su ingreso en prisión provisional.

La mujer habría venido distrayendo poco a poco pequeñas cantidades que  iban siendo depositadas en la cuenta de consignación del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid por fianzas y otros conceptos, ingresándolas en cuentas que ella controlaba.

La Sección Segunda pide al Parlamento que castigue con una pena superior el amaño de partidos porque afecta a los ciudadanos que son estafados en las apuestas deportivas.

Subrayan que no se trata solo del hecho en sí, que afecta a los clubes directamente implicados, o a la Liga, sino que supone una estafa a los colectivos que apuestan en las quinielas o por internet por un resultado que al final, es fraudulento.

Los magistrados no muestran dudas: cuando el amaño «afecte a un sistema de apuestas, debe tener mayor penalidad», incluso al margen de que se cause o no perjuicio con ello.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional se pronuncia así en su exposición razonada por la que rechaza incoar diligencias respecto a si el Racing de Santander compró su partido frente al Hércules de Alicante en la temporada 2012-2013 según una denuncia formulada por el Huesca. La Audiencia Nacional ve indicios de delito pero recuerda al querellante que este caso no es de su competencia, y le recomienda que lo denuncie en el juzgado ordinario que sea competente, que es el más cercano al que se produjeron los hechos.

Las asociaciones de víctimas de violencia de género hace años que vienen reclamando un cambio de legislación porque la mayoría de las maltratadas no se sienten seguras a la hora de denunciar a su agresor. En este sentido, la presidenta de Amigas Supervivientes, Maite Lafuente, denunció el pasado miércoles en este periódico que en muchas ocasiones «la justicia no es todo lo efectiva que debería», porque, «por ejemplo, las órdenes de alejamiento que se imponen se infirngen con demasiada facilidad». Tras el aumento de fallecidas de los últimos años, el Gobierno reforzará las leyes actuales.

Así pues, esta misma semana, se ha aprobado en el pleno del Congreso una reforma del Código Penal que contará con varias enmiendas encaminadas a mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia.

Uno de las razones que ha hecho saltar las alarmas son los escalofriantes datos de 2014. Una gran cantidad de homicidios de mujeres a manos de su marido, novio o expareja, más del 30 por ciento de los mismos, se produjeron después de que la víctima hubiera presentado una denuncia en los juzgados contra su agresor.

Ante todo ello, se han presentado tres enmiendas a la nueva reforma del Código Penal -que está previsto que en las próximas semanas vuelva al Congreso para su definitivo visto bueno- para que los maltratadores condenados no tengan las mismas facilidades que hasta ahora para acercarse a sus víctimas y así «reforzar la lucha contra la violencia de género».

Una de las medidas que se toman para que un agresor no reincida es la de colocarle un brazalete que avisa a la mujer cuando el acusado se le acerca. Ella, a su vez, tiene un sensor que avisa de que puede estar en peligro. Al parecer, como indicaron las fuentes del ministerio, muchos trampean el dispositivo. A partir de ahora, la manipulación de la pulsera de localización se considerará un delito.

Otro problema añadido, se encuentra en que el uso del brazalete entre los condenados por violencia machista es escaso debido a la falta de los mismos.

La segunda de las enmiendas se refiere a la ampliación de la libertad vigilada. Un maltratador condenado que lleva tiempo en prisión puede recibir un permiso de unas horas. En caso de que esto suceda, su víctima será advertida y, asimismo, tendrá la posibilidad de recurrir su salida de prisión. Aunque finalmente el hombre abandone el recinto penitenciario, permanecerá continuamente vigilado, algo que antes no sucedía.

Por último, también se pretende penar la incitación a la violencia machista. De igual modo que no se permite la agresión verbal o física a un ser humano por su condición sexual, credo o raza, a partir de ahora, también se tendrán en cuenta como delito las razones de género.