La acusación popular solicita la declaración del Presidente del Gobierno como prueba testifical

Una de las primeras acusaciones populares que se personó en el caso Gürtel tras estallar el escándalo en el año 2009, solicita en su escrito de conclusiones que se cite como testigo en la vista al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en calidad de responsable del Partido Popular cuando ocurrieron los hechos.
También solicita, como ya hizo la Fiscalía Anticorrupción, la declaración testifical de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La red Gürtel recibió de la administración autonómica madrileña unos 400 contratos, la gran mayoría amañado, para organizar actos de propaganda donde intervenía Esperanza Aguirre.
En dicho escrito de acusación se sostiene que se produjo una actuación concertada entre numerosos dirigentes del PP y la trama empresarial liderada por Francisco Correa «para la captación de negocio mediante adjudicaciones de contratos públicos, ayudas y subvenciones a favor de sus empresas o de terceros».
La acusación popular manifiesta en su escrito que los dirigentes del PP contra los que dirige su acusación se valieron de «la autoridad que ostentaban algunos de ellos como cargos con representación política o con responsabilidad orgánica en el PP, para intervenir en irregulares procesos administrativos de contratación o de concesión de ayudas, eludiendo los principios que rigen la contratación pública (publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia)».
Así pues, dicho escrito solicita 31 años de cárcel para Bárcenas por ocho delitos, entre ellos el delito electoral tipificado en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que penaliza con penas de hasta cuatro años de cárcel a «los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».
El escrito de calificación también contempla a la exministra Ana Mato y al propio Partido Popular como partícipes a título lucrativo de los delitos cometidos por alguno de sus dirigentes.