El presidente y principal accionista de Zinkia, José María Castillejo, se enfrenta a una investigación por cinco presuntos delitos societarios. El juzgado de instrucción número 54 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada contra él por Miguel Valladares, el segundo accionista de la empresa, que le acusa de administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de información económica y financiera de difusión obligatoria, falsedad documental y estafa.
De acuerdo con el auto dictado por el juez, Castillejo, que preside este lunes la junta de accionistas de la productora de Pocoyó, está citado a declarar en calidad de imputado el próximo 15 de noviembre.
En la querella se denuncian una serie de hechos con los que Castillejo habría intentado «conservar a toda costa el control de Zinkia Enterainment en su propio beneficio, perjudicando los intereses de los accionistas y de los acreedores» de la sociedad.
Así, según ha denunciado Valladares, el presidente de la productora habría emitido a través de la sociedad Armialda, de la que es administrador único, facturas presuntamente falsas a Zinkia que no responden a servicio real alguno y que tan sólo en el ejercicio 2013 se habrían elevado a 312.500 euros.
Asimismo, habría fijado cláusulas de blindaje «exorbitantes» en favor de miembros de la alta dirección, con la presunta intención de beneficiarse a sí mismo o a terceros. Todo ello, además de «falsear la realidad y previsiones económicas de la compañía», según Valladares, «para captar inversores minoristas en el mercado de valores en la emisión de bonos de Zinkia, aprobada por la CNMV el 7 de octubre de 2013, y para convencer a los bonitas de la emisión de 2010 de modificar sus condiciones, aplazando el cobro de sus importes finales a abril de 2015». Fue la imposibilidad de sacar adelante la segunda emisión, a la que renunció el 31 de octubre de 2013 por la falta de suscripción, lo que llevó a Zinkia a solicitar ese mismo día el preconcurso de acreedores.
