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El juez afirma la posible prescripción de los abusos sexuales a niños por sacerdotes de Granada

El juez de Granada ha concedido a las partes diez días para que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta que se interpuso la denuncia, den cuenta sobre la posible prescripción de cada uno de los hecho atribuibles a cada imputado, y así delimitar la continuación del proceso. Los cuatro arrestados fueron el padre Román, considerado cabecilla del grupo y el único que tuvo que hacer frente a una fianza para quedar en libertad con cargos, además de otros dos sacerdotes y un profesor de Religión.

El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, ha levantado el secreto de sumario que existía sobre la investigación de supuestos abusos sexuales a menores por parte de doce imputados, la mayoría sacerdotes, en un auto en el que plantea la posibilidad de que algunos de los delitos hayan prescrito.

En el auto, el juez concede a las partes un plazo de diez hábiles a fin de que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta que se interpuso denuncia, informen sobre la posible prescripción de cada uno de los hechos atribuibles a cada imputado para así determinar la continuación del proceso. Para el juez, los hechos son susceptibles de infracciones penales por comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones, abusos o exhibicionismo. También considera que serían aplicables las agravantes de abuso de superioridad, con diferentes grados de autorías a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento, e imputables a doce personas -dos de ellas seglares, de las que cuatro fueron detenidas en su día y puestas luego en libertad con cargos.

Los cuatro arrestados fueron el padre Román, considerado cabecilla del grupo y el único que tuvo que hacer frente a una fianza -fijada en 10.000 euros- para quedar en libertad con cargos, además de otros dos sacerdotes y un profesor de Religión. El juez hace referencia en el auto a la “gran trascendencia y gravedad” de los hechos porque los implicados son “representantes de confesión religiosa”, que “lejos de ser garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesión y su más Alto signatario, indiciariamente se podrían haber convertido en sus transgresores”.

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