La asistenta del hogar ucraniana Tamara K. ha sido absuelta por el juez José María Serrano, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, del delito de robo del que la acusaban la Fiscalía y la familia del empresario José María Díaz-Pevida, ya fallecido, personada como acusación particular. Las acusaciones consideraban que la mujer se había apoderado de 310.000 euros de la caja fuerte que el empresario tenía en su casa de la capital regional, a la que había accedido por medio de una ganzúa, y aprovechando el deterioro físico y psíquico del propietario de la vivienda y de su mujer. El juez considera que no hay prueba alguna que establezca que la empleada de hogar, de 60 años, se apoderase de la citada cantidad.

Uno de los motivos en los que se basaba la acusación era que la mujer había adquirido dos inmuebles, uno en el barrio ovetense de la Tenderina y otro en la calle de Vázquez de Mella, por un valor de unos 120.000 euros. Según la defensa, a cargo del letrado Marcelino Suárez Baró, la compra se realizó con el dinero obtenido por la mujer con su trabajo y el de sus dos hijas. Además del sueldo de 1.200 euros que cobraba mensualmente, que le quedaba en su mayor parte, al tener aseguradas sus necesidades de manutención, el empresario para el que trabajaba se mostraba muy generoso con la mujer, a la que llegó a entregarle un sobre con 6.000 euros para que renunciase a sus vacaciones. El empresario, que disponía libremente del dinero de la caja fuerte, llegó a adquirir un piso para que la empleada lo disfrutase como usufructuaria.

El juez Serrano considera probada la gratitud y generosidad del empresario para con su trabajadora, por la buena atención que dispensaba al matrimonio, y considera que no hay prueba alguna de que faltasen las cantidades que los denunciantes, cuyos intereses defendió la letrada Ana G. Boto, aseguraban que habían desaparecido de la caja fuerte. El magistrado entiende que las acusaciones, que pedían hasta tres años y medio de cárcel, no han aportado «dato alguno» que corrobore sus tesis.

El juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha condenado a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 80.230 euros a Luis G. M, un vecino de Castillo de Locubín (Jaén), al que la Guardia Civil le intervino en su invernadero 15 plantas de marihuana que, una vez secas, arrojaron un peso neto de unos 17 kilos.

Durante el juicio, Luis G. M. reconoció abiertamente ser el dueño de las plantas, pero señaló que las cultivaba para el consumo personal ya que padecía problemas de espalda y las usaba para mitigar el dolor. De hecho, su pareja también declaró como testigo y apuntó que su pareja usaba las plantas para hacer aceite de marihuana y darse friegas en la espalda.

En esta misma línea también declaró como testigo el médico osteópata que trata al acusado de sus problemas de espalda. Sin embargo, la jueza, ante la cantidad de droga intervenida rechaza que su uso fuera personal y recoge en la sentencia que el acusado destinaba a la venta a terceras personas y por lo tanto había «ánimo de difusión» ya que «el módulo destinado a autoconsumo suele ser de unos 250 ó 300 gramos cada diez días. También rechaza la jueza, tal y como argumentaba la defensa, que el pesaje que se hizo de la droga estuviera mal hecho ya que se pesaron con ramas y hojas y no sólo los cogollos de la flor que es de donde se obtiene la marihuana.

En este sentido, la jueza afirma que el proceso de pesaje se llevó a cabo con todas las garantías para determinar la cantidad de droga exacta que el acusado cultivaba en un invernadero situado en Ventas del Carrizal. La sentencia condena también al acusado al pago de las costas y a 60 días de privación de libertad en caso de impago de la multa. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Jaén.

La paliza que dió un menor de edad a un tercero les costará a los padres del agresor 662.099,25 euros. Es la indemnización que fijó la sentencia en la que el adolescente fue condenado por un delito de lesiones y una falta de maltrato, a raíz de una brutal pelea en la que participó en la madrugada del 20 de julio de 2013 en un bar de Huesca.

Se trató de una agresión en grupo, pero este menor en concreto fue identificado como autor y condenado por ello de las graves lesiones que sufrió la víctima. El agredido tuvo que estar hospitalizado durante 97 días, treinta de ellos en estado de coma inducido.

El caso fue condenado en primera instancia por el Juzgado de Menores, que fijó una idnemnización para la víctima de 527.000 euros. El caso, sin embargo, acabó recurrido y llegó ahsta la Audiencia Provincial, que elevó la indemnización un 25% y la fijó en los 662.099,25 euros que ahora tendrán que abonar los padres del condenado.

Los progenitores deberán aportar el dinero con urgencia, porque el Juzgado de Menores les ha conminado a que lo hagan en el plazo máximo de diez días para consignar esa cantidad. De lo contrario, se activará un procedimiento de apremio.

David Cogollor Sánchez, director deportivo del equipo de fútbol femenino AD Gigantes, ha sido condenado este viernes un año de prisión y una indemnización de 300 euros para cada una de las once jugadoras a las que filmó desnudas con una cámara oculta en las duchas después de un partido disputado en Getafe hace tres años. La sentencia se ha producido en el Juzgado de lo Penal número tres de Getafe, después de que se haya llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes.

El acusado no entrará en prisión por no contar con antecedentes penales, pero deberá pagar una multa de tres euros diarios durante doce meses (unos 1.100 euros) y le ha sido impuesta además una orden de alejamiento a más de 500 metros respecto a las jugadoras denunciantes durante un periodo de dos años.

La abogada de la acusación ha reconocido los hechos, por lo que se ha llegado a una conformidad de un año de prisión, la orden de alejamiento y la prohibición de acercarse a las instalaciones del club, la Agrupación Deportiva Gigantes, en el distrito madrileño de Arganzuela.

La letrada ha añadido que si durante los dos próximos años cometiera otro delito, no pagara la multa por responsabilidad civil o incumpliera la orden de alejamiento, en esos casos sí entraría en prisión. Por su parte, el abogado de la defensa, José Martín Herreros, ha detallado a Efe que no todas las jugadoras afectadas pedían condena y orden de alejamiento, ya que «sólo lo han solicitado once de las 16 implicadas».

«En un principio pedían una condena de dos años de prisión, 1.500 euros de indemnización por cada jugadora, y doce meses de multa a razón de doce euros diarios, por lo que estamos satisfechos con cómo ha quedado la resolución final», ha manifestado. El letrado ha señalado que a su cliente le había sido realizado un embargo preventivo de 5.000 euros tras declararse la apertura del juicio oral «con lo que podrá cubrir las sanciones con ese dinero».

José Martín Herreros ha añadido que las jugadoras pedían una indemnización mayor en concepto de daños morales, «pero ninguna de ellas justifica esos daños acreditando un tratamiento psicológico».

Entre algunas de las jugadoras el malestar era notorio, ya que argumentan que muchas de ellas no han vuelto a jugar al fútbol desde ese día y las que lo han hecho «cada vez que entran a un vestuario buscan si hay una cámara por cada esquina». «Eso también son daños morales. O que ahora no seamos capaces de juntar once jugadoras en cada partido y algunas tengan que ir aunque estén lesionadas. A raíz de aquello se rompió el equipo», ha criticado una de las afectadas.

Los hechos se remontan a abril del año 2012, cuando tras un encuentro disputado en el polideportivo Arcas del Agua de Getafe las jugadoras encontraron una cámara fotográfica, escondida en el falso techo de las duchas, que les estaba grabando.

Las jugadoras visionaron las imágenes de la cámara todavía en el vestuario y pudieron ver cómo al inicio de la grabación aparecía el condenado, David Cogollor, colocando la cámara. En los partidos siguientes al club le costó juntar once jugadoras con las que presentarse, teniendo que recurrir a la convocatoria de chicas de las categorías inferiores.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha fallado a M.R.S.T a seis años de cárcel por permitir que el padre de sus tres hijos menores de edad abusara de ellos. Concretamente, el fallo la considera «autora en comisión por omisión de tres delitos continuados de abusos sexuales», imponiéndole una pena de dos años y un día por cada uno de ellos. Además, ha sido inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años.

Cabe recordar que sobre la procesada recaía ya una pena de tres años de prisión por un delito de maltrato familiar habitual a sus hijos, si bien en primera instancia quedó absuelta del delito de abusos sexuales porque, aunque era conocedora de la actitud y de la forma de proceder de su cónyuge, el juez entendió que no «había indicio alguno» para considerar que participara de ellos.

Esta resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal, que consideraba que la progenitora en cuestión sí debía ser condenada por su omisión del deber de apartar a los menores de su padre, evitando así los abusos que sobre ellos se estaban cometiendo y la posterior situación de desamparo.

La Fiscalía apreciaba que la madre sí tuvo participación en los abusos -siendo autora en comisión por omisión-, ya que disponía de la posición de garante respecto a sus hijos y, a pesar del conocimiento de la situación, «no hizo nada por evitarlo».

La Sala estimó procedente el recurso del Ministerio Público a partir de los hechos probados en la resolución recurrida, en la que se recoge que la esposa sabía de las actuaciones de su esposo «sin intervenir en absoluto».

La primera sentencia apunta además que la madre reconoció tanto en el acto del juicio oral como a lo largo de la investigación que su marido dormía con sus hijos con las puertas cerradas y se acostaba con los niños cuando ella no estaba en casa. También admitió que su esposo fue investigado por otro delito de abusos sexuales. Además, la madre indicó que su hermana le advirtió sobre una actitud anormal de su marido hacia sus hijos. A todo lo anterior se sumó otro hecho de relevancia: las infecciones, irritaciones y cambios de conducta que presentaba la niña mayor.

Por todo ello, en primera instancia el magistrado consideró que por muy escasa que fuese la cultura de la acusada -como afirmaba su defensa- era imposible no atar cabos y saber que estaba ocurriendo en su casa, en la habitación al lado de donde ella veía la televisión tranquilamente. «Siendo obvio que, ya por desidia, ya por falta de cariño a sus hijos, la acusada dejó hacer y permitió la conducta del marido».

Ahora bien, la nueva sentencia estima que, aunque no haya quedado demostrado que la coacusada participase materialmente en los hechos o llegase a inducir a su compañero a realizarlos, no queda relevada de su responsabilidad como madre de sus hijos, que junto con las obligaciones morales subsiguientes le imponía directamente las legales de velar por ellos y prestarles alimentos (artículos 110 y 154 del Código Civil).

En definitiva, sobre ella pesaba la obligación de haber impedido los abusos sexuales por parte del progenitor. Y es que la característica esencial de la comisión por omisión radica en que mediante un no hacer lo que se estaba obligado a realizar, se produce un resultado del que el omitente responde como si lo hubiera producido mediante una conducta activa.

Un vecino de Santa Coloma de Farners (Girona) ha sido detenido después de que le descubrieran en posesión de más de cien armas que guardaba en su casa sin la documentación reglamentaria, según informa la Guardia Civil.

Inicialmente, los agentes pararon un coche el pasado 10 de mayo en La Junquera cuando entraba en España procedente de Francia y, en su interior, hallaron un fusil de avancarga, cajas con cartuchos de diferentes calibres y un sable de noventa centímetros de hoja.

Ante la falta de documentación y la posibilidad de que esta individuo, de mediana edad y nacionalidad española, guardase más armas en su vivienda, la Guardia Civil solicitó un registro domiciliario. Al día siguiente, los agentes procedieron al trámite y, en la casa del detenido, hallaron 125 armas, de las que menos de media docena disponían del documento identificativo pertinente.

Entre el material figuran trabucos, pistolas, mosquetones y escopetas de caza, así como machetes, cuchillos y sables de todos los tamaños. El hombre está acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y el juzgado de Santa Coloma de Farners, que autorizó el decomiso, deberá averiguar su procedencia y legalidad.