El Ministerio del Interior podrá decidir, por razones de urgencia, la intervención de todo tipo de comunicaciones en la investigación de delitos de una especial gravedad, sin ser necesario autorización judicial previa como requisito necesario existente en la actualidad.

Esta novedad es contemplada en el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno. El Gobierno desea que el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, puedan tener la potestad para llevar a cabo «la medida de investigación pertinente» consistente en la citada intervención, pero «comunicándolo inmediatamente» al juez competente y, en todo caso, «dentro del plazo máximo de 24 horas».

De cualquier modo, el ministro o el secretario de Estado deben justificar la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y el resultado de la misma, según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

El Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al párrafo segundo del artículo 623.1 del Código Penal, interpretándose en el sentido de que «para apreciar la reiteración, las faltas de hurto deben ser objeto de condena firme en otra causa, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el procedimiento en el que se plantee la aplicación de aquel precepto.»

El Tribunal de garantías declara que, para evitar la lesión del derecho a la presunción de inocencia y de los principios de culpabilidad, legalidad y seguridad jurídica, las sentencias condenatorias previas que los juzgados y tribunales tengan en cuenta para apreciar la figura agravada deberán haber sido declaradas firmes. En el caso de faltas que aún no hayan sido encausadas, no servirán aquellas que no hayan pasado de la simple denuncia, sino solo aquellas que se enjuicien conjuntamente en el procedimiento en el que se aprecia la reiteración delictiva.

Esta nueva ley incorporará a nuestra legislación todas las decisiones marco y las directivas aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, incluyendo tanto las directivas ya transpuestas como las que están pendientes de serlo.

Como prólogo se ha publicado la reciente Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la citada que viene a modificar determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para adjudicar nuevas competencias a los Juzgados y Tribunales penales en relación con las resoluciones europeas por las que se imponen medidas penales, el exhorto europeo de obtención de pruebas, la resolución de libertad vigilada, la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional y la orden europea de protección.

La Fiscalía General del Estado remitirá al Gobierno de la Nación una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular las grabaciones hechas en calabozos o en locales cerrados para evitar que se anulen procedimientos con una larga investigación policial.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado que la grabación de conversaciones que mantienen los detenidos en los calabozos vulnera su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones no estando previstos por la Ley de Enjuiciamiento ni por la Ley General Penitenciaria.

La sentencia del Tribunal Constitucional anula las grabaciones «porque no existe previsión legal al respecto, no porque la ley no sea explícita», ha dicho.

En esta misma línea, ha afirmado que los fiscales Antidroga han dejado «de una forma más abierta» el supuesto de grabaciones en lugares públicos, «porque no es el caso referido en la sentencia y puede haber diferencias».

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional rechaza la validez de la prueba de cargo obtenida mediante la intervención de las comunicaciones verbales directas entre los detenidos en dependencias policiales, es decir, que puedan grabarse las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos, porque este tipo de intervenciones no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni tampoco en la Ley General Penitenciaria.

Así se pronuncia en una sentencia del tribunal constitucional en la que se estima el recurso de amparo de un condenado por delito de asesinato, quien tras ser detenido fue objeto de grabaciones en dependencias policiales.

Dicha intervención se justificó al amparo del art. 579.2 LECrim y de la normativa penitenciaria, sin embargo, el Tribunal de garantías declaró la nulidad de esas escuchas como prueba de cargo, por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

El Constitucional advierte de que «abierta e inequívocamente no se regula una concreta intervención secreta de las comunicaciones directas en dependencias policiales entre detenidos», sino que «se refiere de manera indubitada a intervenciones telefónicas, no a escuchas de otra naturaleza, ni particularmente a las que se desarrollan en calabozos, demás dependencias policiales y entre personas sujetas a los poderes coercitivos del estatales por su detención, como las que aquí resultan discutidas; ámbito que por su particularidad debe venir reforzado con las más plenas garantías y con la debida autonomía y singularidad normativa».