La Fiscalía General del Estado remitirá al Gobierno de la Nación una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular las grabaciones hechas en calabozos o en locales cerrados para evitar que se anulen procedimientos con una larga investigación policial.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado que la grabación de conversaciones que mantienen los detenidos en los calabozos vulnera su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones no estando previstos por la Ley de Enjuiciamiento ni por la Ley General Penitenciaria.
La sentencia del Tribunal Constitucional anula las grabaciones «porque no existe previsión legal al respecto, no porque la ley no sea explícita», ha dicho.
En esta misma línea, ha afirmado que los fiscales Antidroga han dejado «de una forma más abierta» el supuesto de grabaciones en lugares públicos, «porque no es el caso referido en la sentencia y puede haber diferencias».
