Una situación increíble ocurrió en la ciudad de La Plata este martes, durante el juicio por el asesinato de dos hermanos en 2012 en Cañuelas.

En la primera audiencia del caso, uno de los acusados llamado Edgardo Sagini Rodríguez (32) le pidió a los custodios que le aflojen las esposas porque le “apretaban”.

Mientras uno de los oficiales ponía la llave, el acusado se arrojó sobre su abogada pública, María Vigorelli e intentó ahorcarla al grito de «te voy a matar, corrupta de m… Nunca me viniste a ver en prisión y ahora ni me decís buenos días».

Fabián Améndola, abogado del particular damnificado, explicó a Télam que «Sagini agarró el escritorio y lo tiró con todo lo que había encima» y aseguró que todos los presentes en la sala de audiencias se quedaron alucinados.

«Sagini no quiso ser asistido cuando el Tribunal convocó a un servicio médico que lo fue a ver», detalló el letrado, pero aclaró que, no obstante, «le van a hacer un estudio psicológico y psiquiátrico para ver en qué situación está».

Vigorelli fue atendida por personal médico de Tribunales, mientras que las integrantes del TOC 5, Carmen Palacios Arias, María Martiarena y Claudia Marengo, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo para iniciar el juicio.

EL ASESINATO

El hecho que se les imputa a Sagini fue cometido el 1 de junio de 2012, cuando dos hombres a bordo de una moto Honda Storm negra llegaron al supermercado «Doña Rosa», ubicado en la avenida Libertad, número 1420 de Cañuelas.

Según la instrucción de la causa elevada a juicio oral y público por el juez de garantías platense Guillermo Atencio, uno de los delincuentes, presuntamente con motivos de robo,disparó a los hermanos Marcelo (39) y Leonardo (36) Massa ocasionándoles la muerte, tras lo cual se fugó en moto con un cómplice.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 89 años de prisión impuesta por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre que violó a cinco mujeres junto al Cementerio, la mayoría de ellas meretrices, tras atarlas con bridas y taparles los ojos con un esparadrapo o cinta aislante en casi todos los casos.

El alto tribunal inadmitió en este caso todos los argumentos alegados por el condenado en relación con las muestras de ADN y las pruebas biológicas recogidas y señala además que hubo otras pruebas de cargo como el hecho de que tres de las víctimas le reconocieron en rueda de reconocimiento de forma clara e indubitada o que en un registro domiciliario en su vivienda se localizaron precintos de color marrón y amarillo que aseguraron las víctimas que usó para inmovilizarlas y bridas blancas y negras halladas en los lugares de las violaciones para sujetarlas.

De igual modo, agrega que fue los datos que de la matrícula de su vehículo aportó una de las denunciantes lo que llevó a los agentes de la Guardia Civil a dirigir la investigación hacia el acusado.

El hombre, de 44 años en la actualidad, se enfrentaba a una pena de 152 años y medio de prisión por delitos de detención ilegal, violación, robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso y faltas de lesiones.

Sin embargo, finalmente se le rebajaron los delitos de violación de siete a cinco -al no quedar demostrada la autoría en dos de ellos en base a las pruebas de semen recogidas- y de detención ilegal y se le condenó a una pena de 89 años de prisión, ahora ratificada por el Supremo.

Los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2007 y junio de 2011. El condenado siempre solía seguir un ‘modus operandi’, que consistía en buscar a sus víctimas de madrugada, la mayoría de veces en la Avenida Barón de Cárcer de Valencia.

El violador contrataba sus servicios de prostituta y se llevaba a las víctimas a una zona próxima al cementerio de Valencia. Una vez allí, y tras mantener relaciones sexuales, les sacaba un cuchillo, les ataba con bridas y les tapaba los ojos con un esparadrapo o cinta adhesiva.

Tras inmovilizarlas, arrancaba el vehículo y se las llevaba a lugares más tranquilos, como la zona de Portacoeli en Bétera, el barranco de La Pobla de Vallbona o la urbanización Cumbres de San Antonio. Al llegar allí, las violaba y luego les robaba sus pertenencias -móviles y bolsos- y les abandonaba en el lugar. Normalmente les desataba las bridas antes de irse, y en una ocasión abandonó a una de sus víctimas dejándola desnuda.

Un joven coruñés ha sido condenado a tres años de prisión por marcar a su novia como a las reses al grabar a fuego la letra K, inicial de su apodo, al final de su espalda.

El magistrado del juzgado de lo Penal número 6 de A Coruña, Francisco José Ruano Hernández, resolvió el pasado 25 de febrero una sentencia, por la que condenó a un hombre por los hechos ocurridos el 10 junio de 2013 entre las 3.30 y las 4:00 horas en la localidad coruñesa de Corcubión.

El joven salió un sábado de fiesta, que continuó hasta la madrugada del domingo, cuando se dirigió desde un bar al domicilio de la mujer con la que mantenía una relación sentimental desde hacía unos meses.

Allí, el condenado esperó a que a ella le entrara el sueño y decidió grabar a fuego una marca con la letra K, que se corresponde con la inicial de su apodo «Kaito», en la zona central de la región sacra.

La mujer se percató de lo sucedido más tarde, al notar un escozor en la zona afectada, si bien, según considera probada la sentencia, ya había recibido esta propuesta que nunca aceptó con anterioridad.

El juez condenó al acusado a tres años de prisión «como autor responsable criminalmente de un delito de lesiones con instrumento o método peligroso para la salud física o psíquica de las personas», y lo absolvió de un «delito contra la integridad moral».

En todo caso, tendrá que indemnizar a la afectada con 16.355,50 euros por los daños permanentes y al Servicio Gallego de Salud por los gastos ocasionados en atender a la afectada.

El Juzgado de Instrucción número 1 de El Burgo de Osma ha condenado al pago de una multa de 2.928 euros al conductor que se grabó a 190 kilómetros por hora en 2012 en la circunvalación de la autovía del Duero, junto a su hijo de corta edad que circulaba de pie en el asiento delantero.

La resolución, de conformidad, le condena a ocho meses de prisión que, a petición de la defensa y con el visto bueno del fiscal, se ha quedado en el pago de 16 meses de multa a razón de seis euros diarios, lo que supone 2.928 euros. El juez le retira el carné durante un año y ocho meses a este hombre Además, el juez le retira el carné durante un año y ocho meses a este hombre, que carece de antecedentes penales.

El conductor condenado se grabó en el verano de 2012 y a su hijo de cuatro años de pie en el interior del coche entre los dos asientos delanteros, cuando el coche, un Peugeot 205, iba a velocidades entre 160 a 190 kilómetros mientras la velocidad permitida era 120, según refleja la sentencia. «Realizo varias maniobras temerarias de adelantamiento, poniendo en peligro la vida e integridad de su hijo de corta edad, que le acompañaba en el referido vehículo sin estar asegurado por sistema de retención alguno, llegando el menor a ponerse de pie en el espacio entre los asientos delanteros», se puede leer en la sentencia.

Los hechos declarados probados han sido calificados por el juez como constitutivos de un delito de conducción temeraria, y la pena ha sido reducida un tercio según establecen los presupuestos legales para dictar sentencia penal condenatoria de conformidad. Los agentes pudieron iniciar la investigación gracias a la colaboración ciudadana, al alertar los internautas a Tráfico que alguien había subido el vídeo a una red social. La unidad Seguridad Ciudadana y el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria también logró identificar al piloto del otro vehículo con el que competía.

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de Alejandro H. B., de 19 años de edad, como presunto responsable de un delito de corrupción de menores, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa. El detenido se valía de las redes sociales para contactar con las menores, a las que ofrecía falsas ofertas de trabajo haciéndose pasar por colaborador de una importante agencia de modelos. Gracias a esta treta lograba de las víctimas instantáneas con un marcado contenido sexual.

El presunto autor se aprovechaba de sus conocimientos informáticos para crear varios perfiles en una conocida red social, donde fingía su identidad para captar la atención de los menores. Además, les prometía una contraprestación económica de 1.500 a 2.000 euros Tras obtener un cierto grado de relación con sus interlocutoras, todas menores de edad, comenzaba a solicitarles fotografías para analizar si poseían un físico suficientemente atractivo y válido para el trabajo. Además, les prometía una remuneración económica de 1.500 a 2.000 euros en caso de ser seleccionadas.

Cuando alcanzaba suficiente confianza con las víctimas, les pedía más fotografías, esta vez de cuerpo desnudo o semidesnudo, manifestándoles que no hacía falta que se les viera el rostro, si bien tendrían más posibilidades de que las cogieran si le mandaban las fotos de cuerpo desnudo. La denuncia del padre de una menor en la ciudad de Córdoba, que descubrió las conversaciones que estaba manteniendo su hija y el tipo de imágenes que enviaba, hizo saltar las alarmas y dio inicio a la investigación.

Los agentes lograron la identificación y detención del presunto responsable la semana pasada. Intervinieron sus equipos informáticos Tras un registro en el domicilio del arrestado en la localidad de Alcalá de Henares, los agentes intervinieron sus ordenadores y dispositivos de almacenamiento, descubriéndose entre los archivos los perfiles simulados utilizados en las redes sociales así como numerosas fotografías de menores en ropa interior y sin ella. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Alcalá de Henares, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La Audiencia de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de lo Penal en la que se condenó a una mujer a nueve meses de prisión por dar varios mordiscos al que entonces era su marido tras una discusión por las llaves del coche ocurrida delante de los menores.

Así, se desestima el recurso presentado por la defensa y se ratifica la condena por un delito de malos tratos.

Los hechos

Los hechos sucedieron en el que todavía era el domicilio familiar, aunque la pareja estaba en trámites de divorcio. Según declaró probado el juzgado, y consta en la sentencia de la Audiencia, la mujer llegó a su domicilio después de un viaje, momento en el que, ella y su marido, estando presente los dos hijos menores del matrimonio, comenzaron a discutir sobre la entrega de las llaves del vehículo, según la resolución.

En el transcurso de la discusión, cuando el hombre intentó coger las llaves, la acusada «le dio varios mordiscos», por lo que resultó con heridas en el brazo y en las manos, que tardaron en curar cinco días.

Por esto hechos, la mujer fue condenada por un delito de malos tratos a la pena de nueve meses de prisión, así como a la prohibición de comunicarse o aproximarse al que era su pareja a menos de 500 metros durante un año y nueve meses. Asimismo, deberá indemnizar al hombre con 210 euros por las heridas sufridas.

La defensa de la mujer recurrió la sentencia por error en la valoración de la prueba.

La Sentencia de la Audiencia  

La Audiencia rechaza este recurso, al precisar que la propia acusada «admite que existió una pelea o discusión con quien entonces era su esposo y que en el transcurso del cual dio unos mordiscos al mismo que le provocaron lesión», apuntando que «ningún indicio objetivo se vislumbra sobre la existencia de una agresión por parte del marido a la acusada».

Así, en su sentencia, precisa que había un deterioro «notable» de la relación y se muestra seguro de que «de haber padecido la acusada la más mínima herida, habría acudido con seguridad a la consulta médica a fin de que quedaran constatadas las lesiones», algo que no ocurre ya que «no existe parte de asistencia urgente ni tampoco informe forense que corrobore» una posible agresión.

«Evidentemente si no se da por probado que existiera un acometimiento por parte del marido a la esposa difícilmente era viable la estimación de una hipotética legítima defensa pues a la vista del material probatorio practicado no es posible sostener ni dar acreditado que el marido previamente pegara a su entonces esposa», dice la resolución.

Asimismo, la Sala precisa que la conducta es constitutiva del delito por el que se le condena,  y no de una falta de lesiones como sostenía la defensa de la mujer, explicando que «aunque los esposos estuvieran en trámites de divorcio –o incluso en el caso de que ya lo hubieran conseguido–, la circunstancia sería intranscendente e irrelevante».

En este sentido, se inciden en que dicho delito «existiría incluso sin convivencia y aún cuando la relación hubiese quedado disuelta».

Se apunta, por último, que el fallo inicial del juzgado, que ahora se confirma, no se fundamenta sólo en la declaración de la víctima sino en el «incontestable resultado de la documental médica y forense aportada a la causa», que no fue discutida por la defensa.

Una mujer ha sido condenada a pagar una multa de 1.800 euros por una falta de incumplimiento de obligaciones familiares, debido a que no llevó a su hija menor de edad al punto de encuentro familiar para que pudiera verla a su progenitor, tal y como establecía la sentencia de separación de los padres sobre la custodia de la niña.

En una resolución fechada el pasado 17 de febrero y hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se confirma la resolución de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que a su vez había confirmado la condena dictada en octubre del año anterior por un juzgado de Instrucción de Dénia.

Los hechos

La acusada no llevó a su hija al PEF los días 24 de mayo y 7 y 14 de junio de 2014, como le obligaba la sentencia emitida por un juzgado de Familia de Alicante para favorecer la relación parental de la pequeña con su otro progenitor.

Tras ser condenada, la madre recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial. Alegó que esos días se encontraba de baja médica y no podía conducir su coche, lo que según ella había comunicado y justificado adecuadamente ante el punto de encuentro. Igualmente, adujo las circunstancias eximentes de estado de necesidad y de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo para justificar su comportamiento.

Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó la apelación y confirmó íntegramente la sentencia por diversos motivos. Por un lado, la sala recuerda en su resolución que la acusada ni siquiera acudió al juicio de faltas pese a estar citada. Y no justificó de modo alguno su ausencia.

Además, aportó en el recurso contra la condena «de forma absolutamente extemporánea fotocopias de documentos que no han sido por tanto sometidos a la debida contradicción».

Falta de justificación

Por otro lado, el justificante que aportó al PEF de Benissa para exculpar su inasistencia a las visitas acordadas consistía basicamente «en un prospecto de un medicamento y una fotocopia parcialmente legible que aparece firmada por una doctora de Medicina Familiar recomendando evitar la conducción de vehículos por la medicación».

En cualquier caso, la denunciada podía haber utilizado de «otro medios para cumplir con las obligaciones que le eran perfectamente conocidas», según expresan los magistrados. Por ejemplo, podría haber usado «medios de transporte alternativos» a su propio coche o encargar la entrega de la menor a una persona autorizada para ello como lo era otra hija mayor de edad.

«Bajo esas circunstancias no cabe que la denunciada trate de ampararse en el peligro que alega, y que ni siquiera resulta indiciariamente acreditado, lo que no es otra cosa que una palmaria resistencia al cumplimiento de su obligación», señala el tribunal en la sentencia de apelación.

La Guardia Civil ha detenido a un individuo, vecino de Calasparra y al parecer drogodependiente, que presuntamente golpeó con un bate de béisbol a un funcionario de la Oficina Estatal de Empleo en la localidad cuando se le negó la prestación por desempleo.

La ayuda le fue denegada por falta de documentación. Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas, cuando este individuo acudió a la oficina, en la avenida Primero de Mayo, para solicitar una ayuda, que le fue denegada por el funcionario que lo atendió, ya que faltaban varios documentos. Tras marcharse del lugar, regresó a los minutos con un bate de béisbol y comenzó a apalear al funcionario que lo había atendido. Los testigos consiguieron repeler la agresión y le quitaron el bate, pero el presunto agresor intentó cogió un extintor para continuar golpeando a la víctima.

Debido a las lesiones de la víctima en la cara, en el brazo y fractura en la muñeca, fue trasladada al centro de salud, donde se le derivó al hospital de Caravaca, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Por su parte, el presunto agresor, que responde a las iniciales de J.P.M.B., fue detenido por un presunto delito de lesiones. La Guardia Civil está instruyendo las diligencias.