Un joven de 19 años, ha pasado catorce meses en prisión preventiva sin que el juez que investigaba los hechos remitiera la causa a la Audiencia Provincial, tribunal que juzgará los hechos el próximo mes de septiembre, y sin que ese mismo juez remitiese al citado tribunal ni uno solo de los escritos que su abogado presentó para que se le pusiera en libertad provisional.
Esa libertad provisional ha llegado finalmente después cuando el letrado formuló una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tomara cartas en el asunto. Después de 33 escritos, la queja surtió efecto y en unos dias, José Antonio C. C. salió a la calle.
Más allá de esta circunstancia, que se aclarará en el juicio, el joven clama por el tiempo que su cliente ha pasado privado de libertad sin que el juez (titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Loja) haya elevado los recursos a la Audiencia Provincial. El instructor rechazaba esos recursos pero, al ser subsidiariamente de apelación, había de remitirlos a la Audiencia, cosa que no hacía. A su vez tampoco enviaba las actuaciones al tribunal provincial para que se señalase el día del juicio.
Se le imputa un delito contra la salud pública pero no hay indicios del mismo en el registro domiciliario ni en el rastreo de llamadas. Es posible que su hermano sí esté implicado en un delito de este tipo «pero el juez ha interpretado que se trataba de un clan familiar dedicado a estos menesteres y mi cliente lleva más de un año en la prisión, en una situación insostenible», añade su letrado, que subraya también el hecho de que la Audiencia ha ordenado también la libertad provisional del hermano. «Presentamos 33 escritos pidiendo la libertad y la nulidad del proceso. El juez los rechazaba pero no los elevaba a la Audiencia, que debe pronunciarse también. Es un caso inaudito», explicó el abogado.
Los procedimientos con preso son prioritarias y la prueba es que la mayoría de los jurados por asesinatos se celebran antes de cumplirse el año de los hechos. El joven, además, carece de antecedentes penales y policiales. A su vez, en atención a la calificación del fiscal y a la eventual pena que podría recibir, entre tres y cuatro años, «ya habría estado disfrutando de permisos al haber cumplido una cuarta parte de la condena».
El acusado, según revela su Letrado, ha luchado toda su vida por permanecer al margen de los supuestos ‘trapicheos’ de su hermano y esto le ha «destrozado la vida». Estudiaba un módulo de hostelería y trabajaba en un establecimiento. Perdió el trabajo pero, afortunadamente, lo ha recobrado ya que su jefe lo ha vuelto a contratar. El abogado añadió que su cliente se queja de que va a cumplir la pena antes de demostrar su inocencia «mientras otros como Jordi Pujol se van a morir sin que nadie pueda probar si son culpables».
