El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado, tras conformidad entre las partes, a un año de prisión y al pago de una multa de casi 3.000 euros, a razón de ocho euros diarios durante doce meses, a un hombre que llevó a cabo en 2013, en calidad de promotor, la construcción de una vivienda de madera sobre base fija de hormigón-cemento, de unos 100 metros cuadrados en suelo no urbanizable, en el término municipal de Lepe.
A su vez, el juez le obliga a su demolición o a la retirada de la casa al no poder legalizarse, lo que alcanza un coste de 8.855 euros. Según reza en la resolución, el juez considera los hechos constitutivos de un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable.
Del mismo modo, considera probado que el condenado no solicitó licencia municipal, consciente de que no podía concederse e inició las obras. Por ello, le impone a su vez la inhabilitación especial para llevar a cabo la promoción de cualquier obra durante un año.
Así, detectadas las obras sin acabar, pero en fase avanzada de cimentación y cerramiento, por la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía en noviembre de 2013, fueron denunciadas por la Fiscalía ante el Juzgado en diciembre, incoándose diligencias previas por estos hechos.
Por todo ello, además de la pena de prisión y la multa, el juzgado ha acordado la demolición de la construcción reseñada o la retirada de la casa en la conclusión primera a cargo del acusado y previa elaboración de un proyecto técnico que, con la aprobación del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado.
