Un secretario de un juzgado de Mataró se enfrenta a una petición de dos años y ocho meses de cárcel y de nueve años y medio de inhabilitación, acusado de ordenar a las autoridades el desalojo de una vivienda ocupada de la localidad, sin la autorización del juez.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, un juzgado de lo penal de Mataró juzgará el próximo lunes al secretario, a iniciativa de las acusaciones particulares ejercidas por los miembros que ocuparon y la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio, ya que la Fiscalía pide el archivo de la causa por prescripción de los hechos.
La acusación particular ejercida por los okupas argumenta que el secretario incurrió en los delitos de usurpación de funciones y coacciones por haber ordenado supuestamente el desalojo pese a que el juez solo autorizó su entrada en el inmueble ocupado a los efectos de identificar a sus moradores, con el fin de imputarlos en las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de los dueños.
El desalojo sucedió en febrero de 2005, medio año después de que los propietarios de la finca presentaran una denuncia por usurpación contra los ocupantes del inmueble, que el juzgado de instrucción archivó.
No obstante, el propietario de la finca recurrió y el juzgado acordó incoar diligencias previas, por lo que ordenó a los Mossos d’Esquadra que averiguaran quienes son los okupas a los efectos de citarles como imputados.
Pese a que la orden del judicial se ceñía a las identificaciones, el secretario -según mantiene la acusación particular en su escrito de calificación- comunicó a los Mossos d’Esquadra y al procurador que se iba a realizar el desalojo de la finca, por lo que el día fijado la propiedad acudió a la misma con grúas y operarios con el propósito de tapiarla y derribarla, una vez vacía.
Cuando la comitiva judicial se presentó en la vivienda, el secretario ordenó a un inspector de los Mossos que entrara por la fuerza para proceder al desalojo, con lo que, según la acusación particular, incumplió «claramente, y a sabiendas, la resolución judicial en la que se acordaba tan sólo la entrada para la identificación».
Los agentes entraron en la casa e impidieron que los moradores salieran de las instancias hasta identificarlos, mientras les comunicaban que se trataba de un desalojo y que el secretario judicial les informaría de todo, añade la acusación.
El acusado entró en el inmueble e hizo constar en el acta que en el interior del inmueble había cuatro personas, a las que no identificó y a las que comunicó que tenían que abandonar el inmueble, sin notificarles ninguna resolución.
Según la acusación, los okupas mostraron su perplejidad y oposición a la orden recibida y pidieron que se les mostrara la correspondiente orden de desalojo, ante lo que el acusado se negó, alegando que no estaban personados para acceder al Auto.
Terminado el desalojo, el secretario entregó la posesión de la finca al propietario, que esperaba fuera, lo que facilitó que entraran varios operarios para demoler la finca, con parte de los bienes de los okupas aún en el interior, añade el escrito.
De esta forma, el acusado se atribuyó funciones que no le correspondían y ordenó el desalojo de la finca incumpliendo una resolución judicial, con lo que obligó a los moradores a abandonar el que era su domicilio, impidiendo que pudieran retirar gran parte de sus pertenencias.
Ese mismo día, el juzgado de guardia de Mataró dictó un auto en el que ordenaba la paralización de todas las actuaciones que contravenían la resolución que sólo permitía identificar a los okupas, si bien los operarios continuaron con el derribo del inmueble, que finalizó una semana después.
