El jefe de la Guardia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, Francisco de la Torre, el inspector jefe de la Policía Local de Tortosa, Jesús Fernández Gómez, el máximo responsable de la Policía Local de Torredembarra, Josep Gili, y el interventor general del Ayuntamiento de Barcelona, Antonio Muñoz Juncosa, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell por amañar el proceso de selección de cuatro funcionarios para trabajar en el Ayuntamiento de Torredembarra en 2008. Gili fue uno de los beneficiarios de la presunta manipulación.
El auto que levanta el secreto de sumario narra que los imputados maniobraron para intervenir en las contrataciones de un técnico de administración general (funcionario que realiza tareas administrativas de nivel superior), de un técnico para el área de servicios económicos, de un ingeniero para obras públicas y adulteraron el proceso de selección para cubrir la plaza de inspector jefe de la Policía Local de Torredembarra, que finalmente recayó en Josep Gili.
Según la resolución judicial, la trama presuntamente se concertó para diseñar a medida las bases de la oposición y puso a personas afines en los tribunales que se encargaban de evaluar las capacidades y méritos de los aspirantes. Junto con los cuatro imputados, también deberá prestar declaración el empresario Toni Martos Carrasco, antiguo director de administración de la sociedad Barcelona Gestión Urbanística (Bagursa) y actual presidente de la sociedad Efial, cuyos negocios con los Consistorios de l’Ametlla de Mar y Ascó también están bajo investigación judicial.
El juez resuelve que hay pruebas serias para sospechar que en Torredembarra se realizaron contrataciones irregulares y dictamina que se hace “evidente” la necesidad de tomar declaración en calidad de imputados a los beneficiarios de las plazas diseñadas a medida: Montserrat Córcoles, Esther Agulló y Vicenç Ruiz, además de Gili. También cita a declarar como imputados a otros ocho colaboradores de la trama y al exalcalde Daniel Masagué (CIU), a su mano derecha, Paqui Felguera, al concejal de CiU Santi Ardèvol y al exconcejal del PP José Oviedo.
El 26 de junio de 2014, la Guardia Civil detuvo a Massagué y a los citados concejales, todos miembros de la comisión de gobierno municipal, acusados de delitos contra la Administración pública y blanqueo de capitales por un cúmulo de ilegalidades, entre las que se encuentra la supuesta adjudicación ilegal de contratos y alquileres. Masagué y Paqui Felguera se presentan a las municipales en una candidatura independiente. El caso judicial sigue abierto.
Los pasillos del juzgado tampoco serán novedad para Josep Gili. De hecho, desde que se hizo con el cargo del puesto de jefe policial en julio de 2009, se ha visto reiteradamente envuelto de controversias que, por otra parte, no le ha privado de premios ni de felicitaciones. En la festividad policial del Dia de les Esquadres de 2014, la Generalitat le condecoró con la Medalla de Bronce con distintivo azul pese a estar imputado judicialmente, junto al que fuera concejal de Gobernación, José Oviedo (PP), por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones a la propietaria de un restaurante en la zona de costa.
Esta vez, Gili se ve requerido por el magistrado a instancias de un minucioso informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Tarragona. Los agentes han examinado el proceso de selección que encumbró a Gili a la jefatura de la policía de Torredembarra y señalan un cúmulo de irregularidades procesales y administrativas que, presuntamente, se saldaron con una oposición a medida para el ahora imputado.
La Guardia Civil describe presiones a la jefa de la unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torredembarra para que redactara unas bases que alteraran el concurso buscando únicamente el beneficio de Gili. De esta manera, sin que constara motivo aparente se canalizó la oposición por los trámites del procedimiento de urgencia, que rebajan a la mitad el plazo para la presentación de candidatos, y se alteraron los baremos de puntuación “con el objeto de favorecer a alguno de los aspirantes”, recoge el informe policial.
El jurado que evaluó a los cuatro aspirantes estaba compuesto en su integridad por gente ajena a la Administración pública. El comité de personal advirtió en un informe de tal circunstancia, la Junta de Gobierno lo desoyó y consideró oportuno no tener en cuenta para nada la puntuación final el reconocimiento personal hecho por el Ayuntamiento de Lleida a uno de los candidatos. Sí tomó en consideración un documento aportado por Gili y en el que el jefe de la policía de Valls, Carlos Serra Riera, asegura que Gili realizó funciones de coordinador y subjefe del cuerpo desde el año 2002. La Guardia Civil pone en duda este dato porque la relación laboral de Gili con Valls arranca en el año 2008.
La ecuanimidad del jurado encargado de decidir sobre la plaza de jefe de policía de Torredembarra queda igualmente en entredicho a raíz de las averiguaciones de la Guardia Civil. El jurado, presidido por el abogado Oscar Bru y con la presencia del jefe de la Policía Local de l’Hospitalet de Llobregat, Francisco de la Torre, y del inspector jefe de la Policía de Tortosa, Jesús Fernández, queda desairado en una conversación interceptada por la Guardia Civil y donde una cabo que pensaba presentarse al concurso es informada de que no tiene opciones de éxito. Es el empresario Blas Niubó quien explica: “Hablé con el alcalde y la plaza de inspector ya está dada a un tal Josep Gili, que es conocido de Oviedo”.
También es revelador el correo electrónico que llegó al Ayuntamiento de Torredembarra el día antes de que se reuniera el tribunal que debía fallar sobre la oposición. El correo lo envió Carlos Sánchez Ruiz, subdirector general de la Policía de Cataluña y llamado a formar parte del tribunal. “No quiero participar en un proceso predecidido” y “espero que os deis cuenta de la barbaridad de nombrar inspector a la persona elegida”, fueron los motivos esgrimidos para declinar su participación.
