Los delitos informáticos son delitos de pena no muy elevada (en torno a los tres años de privación de libertad máxima) y que por ello, prescriben con cierta rapidez.
Ello tiene incidencia no sólo en la celeridad a que obliga de por sí su persecución delictiva, sino repercusiones en cuanto a que para su investigación es precisa la urgente puesta en marcha de la misma.
1.- los rastros y pistas técnicas que dejan se desvanecen y difuminan enseguida,
2.- los datos de tráfico de las comunicaciones que encierran desaparecen con gran prontitud, pues la obligatoriedad de su conservación por parte de los ISPs no es igual en todos los países (en España , 12 meses de máximo, ex art. 12 Ley 34/2002 y en la Unión Europea, para el ámbito material de la Propuesta de Directiva que el Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la UE aprobó el 21/02/2006, de entre 6 a 24 meses) y la otra gran dificultad, la de averiguar la autoría de quien se prevale de las técnicas informáticas para delinquir, igualmente cada vez que el tiempo avanza, se hace mayor.
Además suele ser necesaria y habitual la prueba pericial (pantallazos, volcados de disco duro, análisis de los archivos, confección de la pericia en sí misma, etc) que tiende a alargarse en el tiempo, y que contribuye poco a la celeridad precisa en este tipo de investigaciones, razón por la que se suele encomendar judicialmente a los Organismos oficiales (Departamento de delitos Telemáticos de la Guardia Civil o Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía judicial),quienes gozan, prima facie, de presunción de neutralidad e imparcialidad y que por contar con todas las garantías técnicas, siempre que se hagan por técnicos ingenieros o informáticos distintos de los que han hecho la intervención del material operativa, se tienen presuntivamente por veraces, salvo prueba en contra.
Para garantizar la contradicción la defensa podrá proponer (STS 2/12/1992,5/02/1991 y 22/04/1991):
– la oportuna contra pericia, en su caso,
– la impugnación explícita en su escrito de calificación, lo que conllevaría examinar al perito en el plenario (STS 5/09/1991,1/03/1994 y 1/02/1995 )
En caso de no optar por ninguna de estas dos líneas de defensa, los informes provenientes de organismos oficiales (igual que los análisis de drogas, huellas, balística, etc.), pueden ser traídos al proceso para ser valorados por el órgano fallador como prueba documental (STS 1/03/1994 y 11/03/1994).

Ladislao Bernaldo

La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que condene a 42 años y medio de prisión a Luis Bárcenas. El Ministerio Fiscal considera que se cometieron hasta seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal.
El escrito de acusación contra los 42 imputados que se sentarán en el banquillo del primer juicio del caso Gürtel afecta también a Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis como otros dos extesoreros.
Para Lapuerta, la Fiscalía pide tres años de prisión por apropiación indebida. Para Sanchis, ocho años por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. La actividad delictiva de ambos estaría condicionada con la ayuda prestada a Bárcenas. Lapuerta le habría permitido hacerse con parte del dinero B del Partido Popular y Sanchis le habría ayudado a poner a salvo parte de su dinero tras estallar el caso Gürtel.
La acusación se dirige también directamente contra el propio Partido Popular. No como acusado, pero sí como partícipe a título lucrativo, ya que el Ministerio Público entiende que, aunque no participó en el delito, sí se benefició de los tejemanejes entre la trama corrupta y dos de sus alcaldes madrileños: Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) y Guillermo Ortega (Majadahonda). A cambio de varias adjudicaciones, ambos lograron de Gürtel el dinero necesario para sus campañas como candidatos populares.
En la misma situación se encuentra la mujer de Sepúlveda, la ex ministra de Sanidad Ana Mato. También ella se benefició de las atenciones de Gürtel a su familia y debería devolver los beneficios que obtuvo en regalos, viajes, fiestas familiares pagadas por la trama. En concreto se le reclama 28.467,53 euros, que corresponden a los «regalos y servicios turísticos de los que fue personalmente beneficiaria», además del 50% de los regalos de los que fueron beneficiarios sus hijos.
En cuanto al ex alcalde y ex senador Sepúlveda, Anticorrupción cifra su pena en mas de 15 años de prisión.
La petición más elevada de prisión presentada por las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, corresponde al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa: más de 110 años de cárcel. En los medios de prueba propuestos para el juicio, las fiscales reclaman que comparezca como testigo la ex presidenta popular Esperanza Aguirre.
En cuanto al ex consejero de la comunidad de Madrid Alberto López Viejo, la solicitud es de 29 años y medio de prisión.
Entre los acusados ilustres también está el ex diputado del PP Jesús Merino: tres años y nueve meses
El juez Pablo Ruz dictó el auto en el que mandaba al banquillo a 43 imputados (luego a uno se le retiró por prescripción) y daba un plazo de un mes a las acusaciones para presentar sus escritos, como hoy ha hecho Anticorrupción y harán en breve el resto de partes como el Partido Socialista.
Luego será el turno de las defensas, que presentarán sus escritos, después de lo cual Ruz enviará los documentos de acusaciones y defensas a la Sección Segunda de lo Penal, que será la encargada de celebrar el juicio.
El juicio respecto a la parte de la investigación que Ruz ha denominado Época I: 1999-2005 será sólo el primero, porque el juez sigue instruyendo lo referido a los años posteriores para un segundo juicio en el que volverían a estar algunos de los acusados en este, entre ellos la cúpula de la trama y el ex tesorero Bárcenas.

El Código Penal contemplará por primera vez «la explotación sexual» contra los animales (zoofilia) con una pena de tres meses a un año de prisión, así como el maltrato animal en espectáculos que no estén autorizados legalmente como las peleas de gallos y perros con cárcel de seis meses a dos años.

El diputado popular Leopoldo Barreda ha informado hoy de estas medidas en el marco de un paquete de enmiendas pactadas con ERC para aumentar la protección a los animales en el ordenamiento jurídico español.
La mayoría de los grupos parlamentarios han celebrado la introducción de estas penas que, además, castigarán el abandono cuando la vida del animal esté en riesgo e inhabilitarán de uno a tres años a los maltratadores de animales para tener mascotas.

En relación a la zoofilia, se castigará a quien «maltrate injustificadamente cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual» con penas de prisión de tres meses a doce meses.

A su vez, se castigará a «las personas que organicen combates de perros o gallos con la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de 10 a 20 años para ser propietario, poseedor o tener a su cuidado a cualquier animal».

El diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá ha destacado los acuerdos con los populares puesto que «España no puede ser más un paraíso para los maltratadores de animales o quien practique la zoofilia».
Con todo, ha lamentado que los avances en materia de protección a los animales son mínimos.

Gómez Bermúdez afirma que no se dan las condiciones necesarias que contempla la ley para apreciar delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
El juez Bermúdez ha archivado la denuncia contra el humorista Facu Díaz, presentada por la asociación Dignidad y Justicia. Gómez Bermúdez consideró primero que había motivos para admitir a trámite la denuncia, citó como imputado a Díaz y, tras escuchar que no tenía intención de humillar a las víctimas del terrorismo con el sketch objeto de la causa, procedió a redactar el auto de archivo definitivo.
El juez imputó a Díaz tras recibir una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que aseguró que el contenido del vídeo era ofensivo y humillante para las víctimas del terrorismo por equiparar «en tono burlesco y de mofa» a la formación política con la organización terrorista ETA
En un auto de dos folios, Gómez Bermúdez asegura que, una vez escuchado al humorista, no se dan las circunstancias objetivas ni subjetivas que recoge la Ley para atribuir un delito de humillación a las víctimas, según fuentes jurídicas.

Manuel Fernández Castiñeiras, autor confeso del hurto del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago de Compostela, se encuentra hospitalizado desde este jueves y su estado obliga a suspender la vista oral prevista contra él a partir de este jueves en los juzgados de lo penal de Santiago por haber, presuntamente, robado la correspondencia privada de sus vecinos durante años.

El ex electricista de la Catedral tenía que presentarse a las 9.30 horas, pero en el Juzgado se recibió una notificación de ingreso en Urgencias en un centro hospitalario a primera hora de la mañana. Posteriormente, se pudo saber que está previsto que en las próximas horas recibirá el alta médica aunque la jueza optó por suspender el juicio.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que se celebrará de nuevo el juicio, pero ésta deberá tener en cuenta la nueva cita judicial de Fernández Castiñeiras, ya que a partir del próximo día 19 de enero está previsto en otro juzgado compostelano el juicio por el robo del Códice Calixtino.

En el juicio finalmente suspendido este jueves está acusado de 162 delitos contra la intimidad por presuntamente haber robado todo tipo de correo postal a sus vecinos de Ames, localidad en la que residía y en la que en el año 2012 fue localizado el Códice. El fiscal pide que sea condenado a 18 meses de prisión por cada uno de los delitos, esto es, le solicita una pena de 243 años de prisión.

El fiscal también le pide una multa de 15 meses con una cuota diaria de 30 euros y una indemnización por los daños morales de 1.000 euros para 19 de las presuntas víctimas, a las que robó todo tipo de documentación, incluso pruebas médicas que podría suponer una multa de dos millones de euros.

Fuentes judiciales han matizado que a pesar de que el acusado se enfrenta a 243 años de cárcel, en caso de que la jueza le imponga la condena que pide el fiscal no cumpliría más de cuatro años y medio ya que el Código Penal recoge que la pena máxima a cumplir en estos casos será el triple de la pena mayor, esto es, el triple de 18 meses.

Los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación abren una investigación para identificar a los creadores de un juego de contenido homófobo, en el que se mata a homosexuales.
El jugador debe eliminar a hombres desnudos que intentan agredirle sexualmente para pasar de nivel. Según ha informado este miércoles la policía catalana, una de las líneas de de investigación consiste en tratar de determinar si los autores de este juego se relacionan con la difusión de otros juegos de contenido supuestamente delictivo, como el que se simula ser la canciller alemana, Angela Merkel, que pisa la cabeza a ciudadanos griegos para mantenerlos bajo el agua. El juego homófobo que ahora se investiga apareció en Internet en 2006, pero cobró notoriedad a partir del pasado 5 de noviembre, cuando fue accesible desde la página de descargas de aplicaciones Google Play.
Esta página de descargas eliminó el juego de su portal el 24 de noviembre, al ser advertidos de su contenido homófobo, si bien ya había sido descargado por multitud de usuarios. El juego sitúa al jugador en el papel de un cazador en plena selva tropical, donde es atacado por hombres desnudos que le quieren agredir sexualmente, ante lo que su única defensa es disparar contra sus atacantes para eliminarlos y pasar a otro nivel, donde es asaltado con mayor intensidad. El Observatorio Contra la Homofòbia (OCH) y el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) pidieron la «retirada inmediata» del juego en Internet, que tildaron de «repugnante e indecente», y el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, lo calificó de «repugnante incitación a la violencia».

La auxiliar y la médico de familia llegan a un acuerdo ante la advertencia de la médico familia de que se querellaría contra Romero si no se retractaba de lo afirmado.

Teresa Romero y la médico de familia que la atendió en un centro de salud de Alcorcón llegan a un acuerdo de conciliación después de que la primera haya reconocido que no informó a la doctora que había estado en contacto con pacientes con ébola.

Romero ha reconocido, en un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia del municipio, que en ningún momento rebasó el umbral de fiebre fijado en 38 grados.

Antes de la reunión, la defensa de la médico de familia advirtió de que su representada se querellaría contra la sanitaria si esta no se retractaba de las declaraciones en las que aseguró que había informado a la facultativa de que había tenido contacto con pacientes contagiados del virus.

A la salida del acto, la auxiliar ha leído el escrito en el que se ha fijado el acuerdo entre las partes -que anteriormente había leído la abogada de la médico-, en el que admite que no superó el umbral de fiebre que obligaba a activar el protocolo contra el ébola y que no había informado a su médico de que había tenido contacto con los pacientes de riesgo.

La auxiliar de enfermería, que no ha realizado más declaraciones, ha leído el comunicado pese a que su marido, Javier Limón, indicó previamente que sería él quien hablaría en nombre de su mujer porque ésta no se encontraba bien.

Romero leyó en la puerta del juzgado el texto porque la abogada ha recalcado a la salida del acto de conciliación que el acuerdo establece expresamente que debía retractarse de forma pública.

Tras la lectura del texto, el marido de la auxiliar ha apostillado que su mujer ha decidido retractarse porque no quiere crear un perjuicio profesional a su médico de toda la vida.

Limón ha añadido que, aunque Romero rectifica sus declaraciones previas sobre lo ocurrido en la consulta del centro de salud, ella creyó haber informado a la médico durante la consulta, aunque entonces sus condiciones de salud no eran buenas.

La letrada de la doctora ha advertido de que, si la auxiliar de enfermería volviera a negar los hechos en adelante, se iniciará de nuevo el proceso judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 29 años de prisión para el miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga  acusado de asesinar en 1986, al agente de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez en Mondragón, junto a otros dos etarras Javier Ugarte Villar y José Luis Erostegui.

En un escrito hecho público este martes, el Ministerio Fiscal acusa a los tres miembros del comando Belotxa de delitos de atentado terrorista. Indica que Bolinaga fue «el autor material» del delito y el encargado de efectuar los disparos que acabaron con la vida del agente.

Bolinaga disparó contra el agente asesinado cuando éste se introducía en el coche junto a su compañera, según el fiscal. El miembro de ETA había esperado oculto en el interior del vehículo hasta que los dos miembros del instituto armado abandonaron un bar en el que cenaron, precisó el juez Ismael Moreno en el auto en el que ordenaba el procesamiento de los tres miembros de ETA.

El juez Moreno ordenó el ingreso en prisión domiciliaria de Bolinaga por esta causa el pasado mes de abril tras tomarle declaración por videoconferencia. Su decisión fue corregida posteriormente por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, al considerarla como «una medida innecesaria y desproporcionada».

El ministro del Interior confirma que se renunciará al proyecto de ley que permite intervenir comunicaciones sin autorización judicial previa si existen dudas de su constitucionalidad.

Fernández Díaz ha confirmado así la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe que afirma la existencia de «serias dudas» de constitucionalidad respecto a las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, algo que se contempla en el anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) promovida por el Gobierno.

El titular de Interior afirma que las escuchas telefónicas sin permiso de juez están contempladas en la Carta Magna para delitos de terrorismo y que es algo que se desarrolla en la Lecrim de 1988. A su vez, añadió que la sociedad ha evolucionado desde entonces y que hay que adaptarse a la nueva realidad a la hora de combatir los fenómenos delictivos.

No obstante, el ministro dijo, en referencia a las escuchas telefónicas sin control judicial previo, que su departamento no tiene intención de promover una iniciativa que tenga «la más mínima duda de encaje constitucional». Por este motivo dijo que renunciarán a la propuesta si el CGPJ plantea estos reparos legales.

A su vez, Fernández Díaz, en referencia al yihadismo y a los atentados de París de la semana pasada, declaró que «Occidente debe reaccionar con todas las consecuencias ante una amenaza global».