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«¡Yo no vuelvo!», dice al tribunal un acusado tras la tercera suspensión del juicio

El caso suma ya tres intentos fallidos. La Audiencia tampoco celebró ayer la vista oral prevista para aclarar la supuesta participación de ocho marroquíes en el secuestro de un compatriota, A.F., en julio de 2010, cuando éste paseaba por la pedanía mazarronera de Cañada de Gallego. El fiscal Manuel Campos solicitó la suspensión del juicio por la ausencia de tres testigos de cargo, uno de ellos la propia víctima, lo que le impedía mantener su acusación contra los sospechosos, para cada uno de los cuales pide 8 años de prisión.

Manuel Maza, que lleva la defensa de tres de los acusados, aportó una declaración firmada por la víctima ante el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, en la que advera «que H.A.F. -uno de los acusados- nunca me ha hecho daño, ni me ha secuestrado, al igual que los demás implicados en el caso». El fiscal solicitó una comisión rogatoria para localizar a A.F. en Marruecos y tomarle declaración por videoconferencia.

Ninguna de las defensas se opuso, por lo que la Sala pospuso el juicio. Esta situación indignó a algunos acusados, que no dudaron en interpelar a los magistrados, incluso exclamando: «¡Yo no vuelvo!». Y es que los sospechosos tienen retenidos sus pasaportes desde hace cinco años y no pueden viajar a Marruecos a ver a sus familiares. Además, dos de los once procesados contra quienes se dirige el fiscal han sido deportados al no poder renovar su permiso de residencia.

Los acusados explicaron que cada vez que son citados se desplazan desde Mazarrón y Lucena (Córdoba). Uno de ellos -H.A.P.- criticó que se enfrenta a un proceso de lanzamiento, el 5 de mayo, en la ciudad cordobesa. «Me quieren desahuciar por 800 euros que no pude pagar por estar en la cárcel». Ante esta tesitura, las defensas volverán a reclamar que se les devuelvan los pasaportes.

¿Robo de hachís?

En el caso de que la víctima corrobore su declaración firmada en la que niega haber sido secuestrada, fuentes del caso no descartan que su rol pase a ser el de acusado. Se infiere de la investigación que A.F. pudo haber sido secuestrado por los sospechosos tras robarles presuntamente hachís. Esto explicaría la procedencia de los 2.500 euros en metálico que le sustrajeron mientras estuvo retenido en Lucena.

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